MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha mostrado partidario de abrir el debate sobre la legalización del cannabis, "pero en el terreno de cuáles son los efectos de la salud pública y no exclusivamente sobre cuáles son los beneficios de las arcas públicas", según ha señalado en respuesta a una interpelación en la Cámara baja formulada por ERC.
"Este sería un debate legítimo, incluso necesario", añadía tras la petición del grupo republicano de legalizar el cannabis en España por los beneficios económicos y fiscales que supondría.
"Convoquemos a los expertos", pedía, al tiempo que destacaba la necesidad de no frivolizar sobre este asunto, ya que "todos tenemos ejemplos dolorosos y muy cerca", de jóvenes que, años atrás, "a consecuencia de la falta de información se iniciaron en una droga que no mata, pero que es el camino a muchas que sí matan".
Para el ministro, es llamativo que "no se hable de hacer un estudio sobre la bondad o el daño que el cannabis causa al organismo", así como el "descarado mercantilismo" de la iniciativa que "prescinde de toda reflexión social y científica".
Entiende que la medida podría ser "celebrada por progresistas, modernos y avanzados", pero él va más allá al entender que esconde para ERC un discurso de independencia, parecido al que realizó en su momento el alcalde del municipio catalán de Rasquera, Bernat Pellisa, quien ya señaló que su legalización podría ayudar económicamente a la independencia de Cataluña.
"Si seguimos por este camino y el discurso de su partido es, no solamente sacar a Cataluña de España, que significa sacarla de Europa y del euro, sino además quiere financiarse económicamente, según dice su correligionario el alcalde de Rasquera, situándose como un Estado al sur de Europa que viola la legalidad internacional y se financia mediante el tráfico de estupefacientes, no creo sinceramente que ese sea el camino inteligente", ha añadido Gallardón.
A su juicio, la interpelación del ERC tiene una "curiosa naturaleza interpretativa", lo que motiva que "el Gobierno no pueda coincidir" con el grupo parlamentario catalán, ya que entiende que dicha interpelación "no apela a condiciones más o menos científicas o sanitarias sino que lo hace directa e indisimuladamente sobre el impacto económico y fiscal".
Volviendo a un posible debate, ve llamativo que en la propuesta "no se hable de hacer un estudio sobre la bondad o el daño que el cannabis causa al organismo", lo que entiende es un "debate legítimo, incluso necesario". "No soy yo de los que sostendrá jamás que hay una verdad científica que no puede ser objeto de revisión, y esa revisión debe de servir, o bien para reafirmar su validez o refutarla en función de los nuevos conocimientos", ha añadido.
No obstante, ha recordado que existe una legislación al respecto ampliamente aprobada por instituciones internacionales, al igual que numerosos análisis clínicos que avanzan en la línea de confirmar que el cannabis es perjudicial para la salud.
ANTE LA CRISIS, ERC DEFIENDE LA LEGALIZACIÓN
El ministro, que afirmado no haber probado "nunca" el cannabis, ha dudado por lo tanto de la urgencia de una interpelación que defiende la legalización únicamente por su impacto económico y fiscal.
En respuesta, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ha recordado que la urgencia de esta medida la impone la crisis económica en la que se encuentra el país, y sus efectos sobre el paro o la sanidad. "Estamos en una crisis galopante, tomen esta iniciativa como un guante que les echamos. Ustedes sabrán si prefieren recortar la sanidad o reconocer una realidad existente", ha advertido en la Cámara Baja.
En la iniciativa, los republicanos catalanes defienden que el consumo del cannabis en España responde a "una realidad indiscutible" y que, según algunas encuestas, su consumo está tan normalizado como el del tabaco o el alcohol, dos drogas blandas legalizadas.
En este sentido, ha defendido que las políticas prohibicionistas y represivas se han demostrado "ineficaces" para frenar su consumo, además entienden que plantean un del dinero destinado a la persecución de pequeños consumidores y de narcotraficantes, incluyendo los gastos judiciales y carcelarios, que podría ser destinado a la prevención y tratamiento de la drogadicción, que están sufriendo, según dice, "drásticos recortes con la crisis".
Además, del ahorro que supondría en el dinero destinado a la persecución de pequeños consumidores y de narcotraficantes, incluyendo los gastos judiciales y carcelarios, que podría ser destinado a la prevención y tratamiento de la drogadicción, que están sufriendo drásticos recortes con la crisis.
Es más, ha destacado que su legalización de la producción de cannabis podría crear unos 40.000 puestos de trabajo, lo que, en su opinión, supondría unos ingresos para la Seguridad Social y el IRPF de unos 400 millones de euros.
Bosch ha defendido que se estimaba en 2010 que los beneficios del nuevo nicho de mercado económico y de generación de empleo supondrían para el Estado unos 6.000 millones de euros anuales de beneficio.
