Dice que "infringe el principio de igualdad" e "impone una resolución administrativa al margen del criterio médico y farmacéutico"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Farmacias de Galicia (FEFGA) ha presentado un recurso contra el catálogo priorizado de medicamentos gallego y ha pedido que se suspenda su aplicación hasta que se resuelva, alegando que "invade una competencia" del Estado, "infringe el principio de igualdad de todos los españoles" e "impone una resolución administrativa al margen del criterio médico y farmacéutico".
Sobre la petición de paralización del catálogo, justifica que "la no suspensión de la eficacia de la resolución impugnada es susceptible de hacer perder al recurso su finalidad legítima" porque "los efectos terapéuticos y clínicos sobre la salud de los usuarios derivados de la imposición de una sustitución en masa de medicamentos de marca por medicamentos genéricos, con criterios puramente económicos y o médicos, es irreversible".
Sin embargo, sostiene que "el interés económico de racionalización del gasto se va a ver afectado de modo tenue", según explica la FEFGA, "no ya porque España tiene los medicamentos más baratos de toda la Unión Europea, sino porque en 2010 el Ministerio de Sanidad ha hecho efectiva la enésima rebaja de márgenes y ha adoptado medidas de rebaja del coste de medicamentos", medidas que, subraya, "no han rebajado la calidad de la prestación farmacéutica, como sí sucede en el presente caso".
Con el recurso, presentado el jueves por el bufete Concheiro y Seoane Abogados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la FEFGA suma su oposición al catálogo de medicamentos a la manifestada por la patronal nacional, Farmaindustria, y el Ministerio de Sanidad.
Al respecto, el presidente de FEFGA, José Luis Rodríguez Dacal, ha manifestado que "existen muy diversos motivos para recurrir esta ley", pero ha considerado "el más preocupantes" el "efecto sobre la salud de los usuarios derivado de la imposición de una sustitución en masa de medicamentos de marca por genéricos, atendiendo a criterios económicos y no médicos".
Por su parte, el abogado Carlos Seoane destaca "la vulneración del principio de igualdad", ya que, incide, "compete exclusivamente al Estado asegurar un nivel mínimo homogéneo de las prestaciones sanitarias para todos los españoles, que las comunidades pueden mejorar pero en ningún caso empeorar por debajo de este umbral".
DESIGUALDAD
En cuanto al principio de igualdad, la FEFGA expone en su recurso que la "desigualdad" se manifiesta "entre los propios gallegos", puesto que los que están sujetos al régimen general "sólo podrán acceder a los principios activos del catálogo priorizado, mientras que los adscritos a Muface, Muxaxe e Isfas sí pueden acceder a todos los medicamentos del Nomenclátor nacional".
El recurso se fundamenta, además, en que "se infringe la libertad de prescripción", al "imponerse" a los profesionales sanitarios del Sergas y a las oficinas de farmacia, a los efectos de la prescripción y dispensación en receta oficial, "la obligación de respetar el catálogo priorizado de productos farmacéuticos".
Asimismo, señala que "se infringe la normativa comunitaria integrada por la Directiva 89/105/CEE, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad".
En este sentido, argumenta la FEFGA que la creación del catálogo priorizado "no respeta los principios de transparencia al no ajustarse a la exigencia de motivación según criterios objetivos y verificables", como aclara "sí lo está la decisión del Ministerio de Sanidad de incluir en el catálogo nacional los medicamentos susceptibles de financiación pública, ni de no discriminación, al preverse la posibilidad de selección de proveedores por parte de la Administración".
INTERESES ECONÓMICOS
La Federación de Farmacias de Galicia dice que los intereses de la Administración "son puramente económicos", al "disminuir el gasto, no mediante una medida de racionalización, tal y como se quiere enmascarar, sino simplemente mediante una medida que recorta la prestación farmacéutica mínima garantizada como básica y homogénea por la normativa estatal y por la Constitución".
Pero, además, añade, "no hay tal ahorro ya que ni la Ley 12/2010 de 22 de diciembre ni la Resolución impugnada vienen acompañadas de una memoria económica".
Con todo, la FEFGA defiende la prestación farmacéutica "tal y como es configurada por el Estado con carácter mínimo y homogéneo para todos los españoles, con carácter básico, con directa incidencia en la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la protección de la salud".
"La Xunta impone una sustitución en masa de un grupo de medicamentos de referencia por sus respectivos genéricos sin tener en cuenta el impacto clínico sobre la salud de los usuarios", concluye.
