SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad de Galicia ha optado por no acudir a la reunión convocada este jueves por el Ministerio de Sanidad en Madrid para proseguir la negociación sobre la ley gallega de racionalización del gasto farmacéutico, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC), que ha suspendido cautelarmente la aplicación del catálogo priorizado de medicamentos, al no haberle trasladado el Gobierno "nuevos planteamientos".
Según han confirmado a Europa Press este jueves fuentes de la Consejería de Sanidad, la Xunta ha decidido no enviar a sus representantes a la reunión, fijada para las 11.00 horas por el Ministerio --a través de una carta remitida a la titular de Sanidad, Pilar Farjas--, al no haber "compromisos" que justifiquen el encuentro.
De este modo, Sanidad ha recalcado que condiciona un nuevo encuentro con los representantes del Ministerio de Leire Pajín a que presenten "nuevos planteamientos" para avanzar en la negociación, que permanece enquistada desde la reunión mantenida el pasado día 9 en Santiago entre representantes de ambas instituciones.
Por ello, Sanidad ha procedido a solicitar la Comisión Bilateral de Cooperación con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública "en el intento de alcanzar una solución extraprocesal", según le transmitió Farjas a Pajín en una carta remitida el miércoles, en la que la conselleira reiteraba la voluntad de diálogo de la Xunta pero exigía una "respuesta concreta y compromisos fehacientes" que justificasen un nuevo encuentro entre las partes.
VOLUNTAD DE DIÁLOGO
Por su parte, el Ministerio daba por hecho en la tarde del miércoles que los representantes de Sanidad no acudirían a Madrid este jueves, pese a que no tenían confirmación oficial.
No obstante, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, reiteró la voluntad de mantener un nuevo encuentro con la Xunta, al tiempo que reiteró que "no es un pulso político", sino que el Ministerio pretende "ayudar" a Galicia a "introducir las modificaciones que permitan" que la normativa recurrida ante el TC "sea constitucionalmente válida".
