Ana Luisa Bouza advierte que el Sergas no ahorró 3 millones en medicamentos, sino que "transfirió" el gasto a los pensionistas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario del BNG ha presentado una batería de iniciativas en la Cámara gallega relativas al gasto farmacéutico y al borrador del real decreto por el que se excluirá de la asistencia sanitaria pública a colectivos residentes en el Estado. En este sentido, pide que Galicia alcance una "postura consensuada" para garantizar la cobertura sanitaria universal a todos los residentes.
Así, la pretensión de los nacionalistas gallegos es que el Gobierno gallego "elabore una estrategia consensuada, en desarrollo de sus competencias en sanidad interior, para garantizar la cobertura universal en Galicia a todas las personas residentes, por motivos económicos, de justicia social y de seguridad de la salud pública, estableciendo los controles necesarios para aplicar esta cobertura universal con todo el rigor y la transparencia necesaria".
En rueda de prensa este miércoles, la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza ha subrayado la necesidad de buscar una postura de "país" en una comunidad "especial" como Galicia, en que el número de inmigrantes "es mucho menor" y el impacto "económico de esta medida va a ser irrelevante".
Por el contrario, ha advertido de los problemas futuros de salud pública que pueden ocasionar estas medidas, debido a enfermedades de tipo infecciosos. Para la diputada del BNG, esto supondrá que habrá "más dinero" para carga burocrática y "menos" destinado a los enfermos.
Ana Luisa Bouza también ha llamado la atención acerca de que esta medida repercutirá negativamente en los emigrantes gallegos que no hayan cotizado en España nunca, de forma que se convertirán en "inmigrantes" y, por lo tanto, hasta transcurridos seis meses no tendrán derecho a la prestación sanitaria. "Quedarán excluidos como extranjeros", ha señalado.
"Son las comunidades las que tienen que mostrar su posición ante esta medida. Algunas como Andalucía, Euskadi y Cataluña ya han mostrado su rechazo por cuestiones de justicia social, de seguridad sanitaria y de irrelevancia económica", argumenta en la exposición de motivos de la proposición no de ley.
FÁRMACOS
Por otro lado, se ha registrado una interpelación para conocer los datos derivados de la aplicación del decreto de fármacos, por el cual los pensionistas tienen que abonar una parte hasta un máximo comprendido entre los 8 y los 18 euros.
Así, y después de que la semana pasada la Consellería de Sanidade informase el pasado viernes de que los usuarios gastaron de media 3,63 euros, hasta los 3,3 millones de euros; Ana Luisa Bouza ha advertido de que esta medida no ha supuesto un ahorro en el gasto farmacéutico, sino una "transferencia" del gasto a los usuarios. "Tres millones de euros de recorte en las pensiones", ha lamentado Ana Luisa Bouza.
En este contexto, tras criticar que se ofreciesen estos datos en rueda de prensa cuando aún no están publicados por el Ministerio de Sanidad, Ana Luisa Bouza ha indicado que preguntará a la conselleira del ramo, Rocío Mosquera, por las cifras de recetas, gasto, incremento del copago de personas activas, qué medidas se llevarán a cabo para la racionalización del gasto farmacéutico que "no supongan sólo derivar su carga económica" a las familias y para conocer qué destino tendrán los fondos que se recauden.
Además, Bouza advierte de que al dejarse de financiar fármacos con la entrada en vigor del "medicamentazo", que será en septiembre finalmente tras los retrasos, habrá un "desvío" de la prescripción a otros medicamentos más caros pero que están subvencionados. En este sentido, ha señalado que pueden darse efectos secundarios, puesto que esos fármacos no tienen por qué ser los "más adecuados" para el tratamiento, al ser en principio para patologías más graves.
Por ello, ha reclamado que se elaboren guías clínicas con recomendaciones para los facultativos, con el fin de "orientar en la segura sustitución" de medicamentos y que ello sea "lo menos lesivo" para los pacientes.
