MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Española de la Tartamudez ha denunciado la "indefensión sanitaria" que sufren las familias con hijos afectados por esta discapacidad debido a la "falta de formación de los pediatras" en España.
Según ha explicado el presidente de la organización, Adolfo Sánchez, los padres sufren en la mayoría de ocasiones un "doloroso periplos" que les llevan desde un otorrino hasta un psiquiatra, sin que nadie les llegue a explicar qué les pasa a sus hijos. "Todavía pasa en España, en el siglo XXI, que a un niño tartamudo le mandan al psiquiatra y lo drogan como si tuviera una enfermedad mental", ha denunciado.
Sánchez ha recordado que hay más de 800.000 tartamudos en el país y, mientras se hacen guías en España para padres sobre diferentes temas, no se ha realizado ninguna sobre este problema. "Pónganse en la piel de esos padres que no saben a dónde acudir", ha apuntado.
PIDEN LOGOPEDAS EN LOS COLEGIOS
Durante su intervención en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad en el Congreso, Sánchez ha revelado el alto sufrimiento que padece un niño con tartamudez, sobre todo cuando ingresa en el colegio. Por eso ha pedido, logopedas en los centros y psicólogos especializados en los distritos escolares que puedan tratar a estos menores.
Estos tratamientos, según el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, podrían evitar el "suicidio social" al que, en muchas ocasiones se someten los tartamudos a sí mismos. "Dejan de interrelacionarse y se aíslan socialmente y, a veces, se suicidan literalmente al no poder soportar la soledad o incluso su propia tartamudez", ha explicado.
"Hay que actuar de forma temprana" ha apremiado Adolfo Sánchez, quien ha recriminado a los diputados que, si el Gobierno no ha hecho nada por los tartamudos es porque el Parlamento "no le ha obligado a hacerlo".
EXIGIR EL 2% DE CONTRATACIÓN A LAS EMPRESAS
Otra de las propuestas que la fundación ha trasladado a los miembros de la comisión es que no se permita entrar en concursos públicos a aquellas empresas que no cumplan con el mínimo del 2 por ciento de contratación a personas con discapacidad.
Sánchez ha criticado que esta normativa permita exenciones, sobre todo aquella que permite a las empresas hacer donaciones a organizaciones a cambio de no cumplir con el cupo de contratos de discapacidad.
En este sentido, ha señalado que su fundación nunca ha aceptado esas ayudas porque no quieren "limosnas". "Los discapacitados sólo quieren un empleo digno y que se les trate con dignidad. Por favor, corrijan estos errores", ha reclamado a los parlamentarios.
