Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo
MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
En relación con el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado el pasado 10 de febrero por el Consejo de Ministros y actualmente en trámite de Audiencia e Información Pública del Ministerio de Sanidad, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha señalado que "representa un ataque frontal a la colaboración pública-privada, y no tiene en cuenta que esta no constituye un elemento excepcional, sino estructural dentro del sistema sanitario español".
"Las medidas orientadas a su restricción o minimización resultan contrarias a los intereses de los pacientes, merman la capacidad del sistema para responder de forma ágil a las necesidades asistenciales y limitan el rol del sector privado, lo que supone una traba a la inversión, a la innovación y al uso eficiente de los recursos", argumenta en un comunicado.
La Fundación, que ha presentado un conjunto de aportaciones, reitera que es "prioritario mejorar los mecanismos de control y evaluación comparativa de resultados clínicos, seguridad, productividad y eficiencia en todas las instituciones sanitarias, tanto de gestión directa como indirecta, con el fin de reforzar la transparencia y favorecer la mejora continua del sistema sanitario".
Así recuerda que el sistema sanitario privado "es y quiere seguir siendo, como ocurre en otros países europeos, un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Salud", contribuyendo a su funcionamiento desde la confianza institucional, la seguridad jurídica, la visión a largo plazo y la garantía de calidad, siempre dentro de un marco de control público y transparencia.
Por lo tanto, la Fundación IDIS manifiesta su oposición a aquellas fórmulas que puedan "ralentizar o dificultar" la tramitación de mecanismos de colaboración público-privada, considerando que "la necesaria transparencia y supervisión deben ser compatibles con procedimientos ágiles que permitan atender adecuadamente las demandas sanitarias".
Consideran que la prohibición de fórmulas de concesión administrativa que conlleven obra y prestación de servicios sanitarios y la vinculación a la red pública mediante convenio exclusivamente a hospitales privados sin ánimo de lucro "serían medidas lesivas para la eficiencia y la calidad del sistema sanitario".
Además creen que determinadas disposiciones del Anteproyecto de ley pueden suponer una "invasión de competencias" transferidas a las comunidades autónomas en materia de gestión sanitaria, "generando incertidumbre en su aplicación". Y "los obstáculos y restricciones" que se proponen en el Anteproyecto de ley para la colaboración pública/privada en el sector sanitario, "serían especialmente graves y lesivas si su alcance se extendiera al sector sociosanitario", ya que este "está constituido, en su gran mayoría y en toda España, por plazas privadas concertadas con el sector público".
