MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la asociación de familias LGTB han presentado este martes en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dos cartas en las que se solicita a la ministra, Ana Mato, una reunión urgente debido al anuncio realizado por su departamento de modificar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida, donde quedaría limitado el acceso a este colectivo y a las mujeres solteras. Una medida que, a su juicio, es "discriminatoria e injusta".
Así lo ha explicado a los medios la presidenta de la FELGTB, Boti García, y la presidenta de la asociación de familias LGTB, Gloria Fortun. De hecho, la entrega de las misivas coincide con la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que, entre otros aspectos, los consejeros sanitarios y la ministra van a estudiar y debatir la posibilidad de excluir a las mujeres solteras y a las lesbianas de la posibilidad de acceder a tratamientos de reproducción asistida en los hospitales públicos.
"Se trata de una medida injusta, excluyente, que no promueve la maternidad y que no es acorde con los principios de la Constitución. Además, no atiene a la salud de las personas sino a su derecho a tener una descendencia biológica. Por tanto, es una medida netamente sexista porque el derecho de una mujer no puede depender nunca del hombre que tenga o no su lado", señala la carta, que ha sido leída por González.
Asimismo, el colectivo ha avisado de que esta iniciativa supone también una "discriminación económica" dado que sólo van a poder acceder a una terapia de este tipo aquellas que tengan suficiente dinero como para poder pagárselo en la sanidad privada. "Así, las que no tengan grandes recursos económicos se van a ver imposibilitadas a ejercer ese derecho fundamental", ha apostillado.
Dicho esto, las asociaciones han recordado a Mato que el Tribunal Constitucional ha emitido recientemente una sentencia a favor del matrimonio igualitario y que, incluso, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias condenó a la Consejería de Sanidad por haber discriminado a una mujer lesbiana del acceso a estos servicios.
"Con estas sentencias en la mano consideramos que perseverar en esta medida puede entrar de lleno en la prevaricación, dado que el Ministerio no debe establecer cuáles son los modelos de familia idóneos sino que debe garantizar la igualdad ante las prestaciones", han señalado las asociaciones, para avisar de que "con toda seguridad" los tribunales van a rechazar esta medida en un "breve" periodo de tiempo y asegurar que van a acudir a los tribunales para impedir que el Estado "se haga protagonista de una discriminación tan flagrante que atenta contra un derecho tan básico como la maternidad".
DENUNCIAN QUE LAS SIGAN TRATANDO COMO "CIUDADANAS DE SEGUNDA"
Por otra parte, Paloma Calle y Celeste Carrasco, matrimonio homosexual y madres de un niño, han entregado otra carta a la ministra con el objetivo de que les diga "a la cara" que son merecedoras de "menos protección", que tienen "menos derechos" y que, por tanto, son "ciudadanas de segunda".
En este sentido, Calle y Carrasco han informado de que pudieron acceder a la reproducción asistida a través de la sanidad privada, ya que la pública les denegó este tratamiento argumentando la "inexistencia" de fertilidad y el hecho de que la donación de óvulos tiene que ser "anónima". Estos argumentos han sido rechazados por la pareja puesto que, según han recordado, la Ley de Reproducción Asistida establece que en el caso de "matrimonio" se puede realizar una "cesión de gametos".
"Antes dependía de criterio particular de un médico pero ahora el problema es que van a legitimar esa decisión. Además, creemos que la esterilidad se tiene que medir por parejas y no de manera individual", han apostillado.
Dicho esto, Calle y Carrasco han advertido al Gobierno de que las pruebas de fertilidad les van a salir "más caras" que las inseminaciones artificiales y han insistido en que es una medida "discriminatoria" que va "en contra" de la ley de matrimonio igualitario.
"Esto tiene un sesgo político que no se sostiene. Es una ideología conservadora que se niega a asumir que en la sociedad española hay modelos de familia que son diferentes del tradicional hombre y mujer. Eso tienen que asumirlo y legalizarlo en consecuencia", han zanjado.