MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente y la vicepresidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Luis de Palacio y María José García, se han reunido con el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, para solicitar la implantación obligatoria de la receta electrónica, la remuneración de las guardias obligatorias que realizan las farmacias y proponer algunas medidas para un mayor aprovechamiento de las oficinas de farmacia en la prestación de servicios sanitarios básicos a la población.
Luis de Palacio señala que es "imprescindible para el sistema sanitario la erradicación de las recetas médicas en papel y la transición a la Receta Electrónica, tanto pública como privada". "Este cambio suprime la burocracia y mejora la eficiencia en muchos procedimientos rutinarios; facilitaría la comunicación efectiva entre médicos y farmacéuticos y potenciaría el rol del farmacéutico en la adhesión a tratamientos, la detección de reacciones adversas y la investigación clínica en la comunidad", añade.
La receta electrónica agiliza la dispensación, lo que permite a las farmacias atender a más pacientes en menos tiempo; elimina la interpretación manual de recetas, reduciendo los posibles errores y, por lo tanto, aumentando la seguridad de los pacientes, y facilita la comunicación directa y rápida entre la farmacia y el médico, lo que agiliza la resolución de dudas o problemas relacionados con la prescripción.
La farmacia es un centro sanitario que está infrautilizado. Hay más de 22.000 en toda España y cada día son visitadas por tres millones de personas. "Podría asumir tareas –señala Palacio– que aligerarían la carga que soportan médicos y hospitales saturados y contribuirían a la reducción de las listas de espera. Tareas tales como administrar vacunación y realizar pruebas analíticas y cribados sencillos, sin necesidad de prescripción médica, como llevan a cabo nuestros colegas de los países europeos vecinos", apunta Luis de Palacio.
Por otro lado, el presidente de FEFE denuncia "el agravio histórico que sufren los profesionales de la farmacia, frente al resto de los profesionales de la sanidad, al no percibir remuneración alguna por las guardias obligatorias que deben realizar, según establece la ley del año 1997 [Ley 16/1997, de Regulación de los Servicios de las Oficinas de Farmacia]".
Esta normativa concede a las comunidades autónomas las capacidades para regular las guardias y, sin embargo, ninguna de ellas contempla la remuneración de las guardias, hecho que contrasta con el resto de los Estados de la Unión Europea.
Entre los beneficios que se derivarían del pago de las guardias, la patronal considera que se reduciría el número de farmacias con viabilidad económica comprometida (VEC), se potenciaría el empleo (permitiría contratar a farmacéuticos adjuntos para la realización de guardias), mejoraría la situación social y laboral de quienes hacen guardia (reduciría la carga de trabajo y favorecería la conciliación) y permitiría la permanencia de servicios en las zonas más despobladas.
