MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) advierte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de que, en contra de lo que sostiene el organismo que dirige Ana Mato, la fecha de entrada en vigor a efectos de facturación de los nuevos precios de los medicamentos que realizan una bajada voluntaria sin cambio del código nacional debería ser el próximo 1 de agosto y no a comienzos de julio.
El motivo es que, de no ser así, se impedirá el cumplimiento del plazo de los 55 días desde el inicio de los trámites; además implicaría que las farmacias tuviesen que comprar el medicamento a precio antiguo y venderlo al precio nuevo, el más bajo.
Así, lamentan que Sanidad haya optado por "imponer" la aplicación de los nuevos precios más bajos desde el día 1 de julio. "Esta situación podría llegar a provocar dispensaciones a pérdidas", afirman.
Por otra parte, recuerda que la aparición en el nomenclátor en julio no implica que el precio de facturación al Sistema Nacional de Salud (SNS) comience desde ese mes, sino que se tendrá en cuenta a partir del día 1 de agosto, según se deduce de la propia instrucción.
La Junta Directiva de FEFE acuerda que a partir de ahora informará puntualmente de las moléculas y laboratorios que voluntariamente hayan solicitado bajada de precios a fin de facilitar y mejorar la gestión de stocks y minimizar posibles pérdidas económicas.
Asimismo, ante la reducida cuota de mercado de algunos laboratorios solicitantes la Junta Directiva de FEFE ha acordado realizar un seguimiento de los desabastecimientos que se pudieran producir.
Respecto a la inminente puesta en funcionamiento del sistema de aportaciones y reembolsos establecido en el Real Decreto Ley 16/2012 la Junta Directiva de FEFE alerta sobre la discriminación y desigualdad de derechos de los usuarios del SNS que se puedan producir ante el anuncio de algunas comunidades autónomas de que no acatarán la ley.
"La desigualdad en el acceso a los fármacos en las diferentes comunidades autónomas supone una limitación al derecho a la salud y la prevención de la enfermedad de los ciudadanos".
