MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las federaciones empresariales nacionales de farmacia, Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia (FENOFAR), rechazan la liberación del sector, que podría estar incluida en el Anteproyecto de Ley de servicios profesionales que prepara el Ministerio de Economía, al entender que un sistema desregulado ocasionaría "graves consecuencias" para los pacientes y la Sanidad española.
A través de un manifiesto, se exponen las posibles consecuencias de una desregulación del sector, que "dejaría en manos de grandes capitales un servicio esencial y de interés público como el farmacéutico, donde la Administración poco o nada podría intervenir en ese libre mercado".
Asimismo, consideran que con su desarrollo se "pondría en riesgo el acceso de los pacientes a su medicación, puesto que, "debido a intereses comerciales, dejaría de estar garantizada la proximidad y capilaridad de las farmacias".
El borrador de Anteproyecto de Ley que supondría el fin del binomio propiedad/titularidad vigente en 13 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia e Italia.
"La Administración debe valorar un modelo farmacéutico que ha demostrado su buen funcionamiento, y facilitar al colectivo de oficinas de farmacia la estabilidad y solidez necesarias que permitan mantener y mejorar la calidad de la atención sanitaria que ofrecen a los pacientes y el desarrollo de servicios sanitarios en pro de la salud de la población y la sostenibilidad del sistema", señalan.
Este manifiesto ha sido firmado por CEPYME, AESEG, COFAM88 (Club de Opinión Farmacéutico Malagueño), CES (Confederación Empresarial Sevillana) y La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela que se unen así a FEFE Y FENOFAR en sus reivindicaciones.
Además, señalan que comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y Murcia, los principales partidos políticos del arco parlamentario (PP, PSOE, IU, CIU y PNV), el Ministerio de Sanidad y parte del Gobierno, la Asamblea General de Pacientes, FEDIFAR, Consejo General de Enfermería, SEMFYC y otras instituciones se han posicionado a favor del modelo actual, en beneficio de los ciudadanos.
Por este motivo, solicitan a otros ministerios y otras Comunidades CCAA que se sumen para que el Ministerio de Economía reconsidere el planteamiento de una norma que supondría más perjuicios que beneficios para todo el sistema.
