SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle, ha advertido este miércoles de que la implementación de medidas como la anunciada por el Gobierno catalán de Artur Mas, que ha esbozado la posibilidad de establecer un ticket moderador en las recetas farmacéuticas emitidas por la sanidad pública para evitar un abuso o mal uso de los servicios públicos, sería "cuanto menos ilegal y devastadora en un país con cinco millones de parados, una pensión media de los jubilados de 780 euros y más de un 70 por ciento de la población activa con sueldos por debajo de los mil euros".
Sánchez Bayle, que ha recordado que un gobierno autonómico "no tiene potestad para implantar un copago, ya que de lo que se está hablando en realidad es de una medida de este tipo", ha explicado en declaraciones a Europa Press que en la actual situación que atraviesa el país "establecer este tipo de medidas sería poner más barreras económicas a los que menos tienen", por lo que ha apostado por establecer otro tipo de medidas, como las planteadas por la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, de subir en el seno del Estado un punto el PIB que se destina a Sanidad o establecer impuestos finalistas para la salud que podrían venir del alcohol y el tabaco.
"Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la financiación del sistema sanitario en su conjunto, así como la capacidad recaudatoria del Estado", ha admitido el portavoz de la Fadsp, quien pese a ello ha argumentado que esta solvencia financiera "no debe llevarse a cabo a costa de los que menos tienen y encima gravando al ciudadano sobre una decisión que ni tan siquiera depende de él, sino del médico que le prescribe un fármaco porque entiende que es lo mejor para restablecer su salud".
Según Sánchez Bayle, el establecimiento de medidas como la planteada por Cataluña, de la que ha insistido que "no tiene competencias autonómicas para llevarlas a cabo", podría dar lugar a casos "en los que un médico le receta a un paciente una serie de fármacos, que luego el usuario no retira de la farmacia porque no tiene suficientes recursos económicos".
Del mismo modo, ha recordado que a grandes rasgos la población activa ya paga de los medicamentos que retira de la farmacia con cargo a la Seguridad Social el 40 por ciento total de su precio, mientras que el 60 por ciento restante es sufragado por el Estado
