MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) ha avisado de que el Real Decreto de Sanidad, aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso de los Diputados, puede reducir "gravemente" la calidad en la atención de enfermos mentales, vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, y abandonar el carácter público y el principio de universalidad vigente hasta el momento.
Por ello, el movimiento asociativo de personas con enfermedad mental y familiares, reunidos en la Confederación FEAFES, ha mostrado su preocupación por este hecho y ha recordado que actualmente la atención en salud mental sigue siendo "claramente insuficiente" por lo que, a su juicio, es necesario completar y aumentar los servicios que se prestan a través de los distintos recursos, principalmente de las Unidades de Salud Mental.
En este sentido, ha destacado la necesidad de que las actuaciones de las Administraciones Publicas se dirijan al desarrollo y mejora de esta red de servicios, no a su reducción o deterioro, y ha insistido en que la aplicación de la nueva normativa del Sistema Nacional de Salud supone una ruptura del carácter público y del principio de universalidad.
EL COPAGO PUEDE PERJUDICAR A LOS ENFERMOS CRÓNICOS
Por ello, ha mostrado su preocupación con que este Decreto perjudique económicamente, a través del copago de medicamentos, a las personas con enfermedades crónicas como es el caso de muchos trastornos mentales. "Para las personas con enfermedad mental y sus familias resulta muy preocupante la posibilidad de que buena parte de nuestro colectivo se quede fuera de las condiciones de asegurado, al no cumplir los requisitos que establece la nueva normativa. Y es que, con ello, miles de personas con trastorno mental verían vulnerado su derecho constitucional a la salud", ha alertado FAEFES.
Asimismo, este movimiento ha alertado de la posibilidad de que la reforma sanitaria perjudique especialmente a las personas sin hogar y a los inmigrantes irregulares, al tiempo que ha recordado que las personas con trastorno mental que pertenecen a estos colectivos excluidos están sin diagnosticar. "Los requisitos de documentación para atenderles sólo provocarán un mayor aislamiento y deterioro de unas personas que ya se encuentran en una situación muy vulnerable", ha recalcado.
Dicho esto, ha aseverado que limitar la atención a cualquier grupo social a las urgencias hospitalarias es optar por la vía "menos eficaz" a la hora de abordar estos trastornos, con los problemas personales y sociales que esta actuación conllevaría, y que la atención en salud mental de calidad, con apoyos continuados en el ámbito comunitario puede suponer, además de la mejora de los tratamientos, un ahorro importante en el gasto público ya que reduce tres de las partidas más costosas: los ingresos hospitalarios, los servicios de urgencias y la compra de fármacos.
Por todo ello, movimiento asociativo FEAFES ha brindado al conjunto de las Administraciones Públicas su apoyo en todo aquello que suponga la búsqueda de una "mayor eficacia" en el gasto socio-sanitario sin que afecte a la calidad de los servicios que se prestan. No obstante, ha avisado de que, en caso contrario, mostrará su rechazo frontal si los recortes presupuestarios perjudican la atención en salud mental y vulneran los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y sus familias.
