La FADSP tacha de "restrictivos" y "discriminatorios" los convenios de prestación sanitaria a los 'sin papeles'

Actualizado: miércoles, 3 octubre 2012 21:04

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha tachado de "restrictivos" y "discriminatorios" los convenios que se han aprobado este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para dar asistencia sanitaria a las personas que no tengan la condición de aseguradas.

Y es que, a su juicio, estos acuerdos se circunscriben a las prestaciones de la cartera básica, "dejando fuera a las complementarias y suplementarias", y provoca que estas personas "pierdan los beneficios" de la prestación farmacéutica, transporte, dietas o prótesis.

"El Ministerio está ofreciendo unos convenios para una atención sanitaria muy limitada y en condiciones diferentes y peores al resto, con una clara intencionalidad discriminatoria", ha argumentado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Asimismo, ha avisado de que estos convenios están en "contradicción" con el Real Decreto, aprobado el 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. Una medida que, según ha recalcado la FADSP, "se refiere a los convenios para el acceso a la asistencia sanitaria, sin señalar exclusión ni limitación alguna".

"Evidentemente se trata de favorecer a los seguros privados porque obviamente tanto en el precio como en las prestaciones, que ahora se pretende limitar, estos convenios favorecen la opción del aseguramiento privado, al fin y al cabo uno de los objetivos del Ministerio y del Gobierno, deteriorar las prestaciones públicas para potenciar al sector privado, de aseguramiento y de provisión", ha recalcado.

Por todo ello, la Federación ha mostrado su "total rechazo" a estos convenios y ha instado al Gobierno a que vuelva a la cobertura del sistema sanitario público de toda la población y que, además, las comunidades autónomas garanticen la atención sanitaria "rebelándose" contra unas "directrices injustas ética y sanitariamente".