MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que negocie con los laboratorios farmacéuticos un "precio razonable" para los medicamentos para la hepatitis C para que su uso sea posible "sin poner en quiebra" el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El pasado mes de julio el departamento de Ana Mato acordó un precio para la financiación de un fármaco perteneciente a una nueva familia de terapias de última generación para combatir este virus, el simeprevir (comercializado por Janssen como 'Olysio').
Sin embargo, todavía queda pendiente fijar un precio para otro fármaco de la misma familia, el sofosbuvir (desarrollado por Gilead), que ha demostrado una eficacia de alrededor del 90 por ciento en este tipo de pacientes.
La FADSP ha criticado la estrategia comercial del fabricante por tratar de fijar un precio de 80.000 euros al año al tratamiento cuando en otros países como Egipto lo vende por 900 euros anuales. "Dado que la infección es 10 veces más frecuente (10% de la misma está infectada) supone un nicho de negocio en torno a los 5.000 millones de euros en ese país para el laboratorio farmacéutico", denuncian.
Sin embargo, con ese precio calculan que en España tratar a las 800 personas en situación crítica (con riesgo de muerte a corto plazo) supondría un gasto de 65 millones de euros al año, tratar a las 10.000 personas que fallecen anualmente por esta enfermedad elevaría la factura a 800 millones de euros y tratar a todos los afectados por hepatitis crónica puede alcanzar la cifra de 60.000 millones, lo que "consumiría todo el presupuesto sanitario público".
"El laboratorio fabricante del medicamento está sometiendo a un chantaje y un intento de saqueo inaceptable a la sanidad pública fijando un precio prohibitivo, ya que fabricar cada pastilla solo cuesta 3 euros y es vendida por un precio más de 200 veces superior", según han denunciado.
Por ello, piden al Gobierno que plantee a la Unión Europea una estrategia conjunta frente al laboratorio para que comercialice el medicamento a un precio razonable. De lo contrario, alertan, "solo podrían tratarse las personas ricas".
Además, consideran esencial desarrollar una estrategia de investigación pública de nuevos medicamentos renunciando a la colaboración público privada que perpetuaría esta situación; y piden abandonar la política de privatización destinada a introducir el mercado y la competencia en las relaciones sanitarias por ser incompatible con el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema público
