MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha mostrado su apoyo y solidaridad a FACUA y ha calificado de "inaceptable y escandoloso" que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiera "castigarles" por ejercer su derecho a la discrepancia.
FADSP se ha pronunciado así después de que la organización denunciara que la presidenta del Instituto Nacional de Consumo (INC), Pilar Farjas, había remitido una carta a la asociación en la solicitaba eliminar de su web, en un plazo de 15 días, este tipo de campañas bajo el riesgo de ser expulsada del Registro estatal de Asociaciones de Consumidores.
"Consideramos absolutamente inaceptable que el Ministerio quiera castigar e ilegalizar a una organización por ejercer el derecho a la discrepancia con unas políticas gubernamentales terriblemente lesivas con los derechos sanitarios de los ciudadanos", ha comentado la Federación.
Dicho esto, FADSP ha mostrado su preocupación por el hecho de que el Gobierno "amenace" a una organización social por cumplir con los objetivos para los que fundada y, ha criticado la política "intolerante, dictatorial y chantajista" del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, a su juicio, son "incompatibles" con un Estado Democrático de Derecho en el que "las críticas y discrepancias forman parte --y son esenciales-- para garantizar unas relaciones sociales justas y equitativas".
En este sentido, la Federación ha denunciado que el Gobierno esté "acabando" con los derechos básicos de los ciudadanos y que pretenda que sus políticas sean aceptadas por los ciudadanos y sus organizaciones "con resignación" y, ni siquiera, con el derecho a la protesta.
Por ello, FADSP ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones sociales a formar una "gran alianza" que haga frente, "con garantías de éxito", a las políticas de "desmantelamiento" del Estado del Bienestar y a los "intentos de involución" de la vida democrática de España.
"No podemos aceptar estos desmanes que ponen en peligro el futuro de las organizaciones sociales que defienden los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las administraciones", ha concluido.
