(i-d) La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) supone un "cambio de rumbo" muy significativo frente a las políticas de privatización que se han impulsado en las últimas décadas, y un "avance histórico hacia el blindaje" de la sanidad pública.
Desde la federación destaca que se establece como objeto de la ley garantizar que la titularidad de la gestión y provisión sanitaria del SNS sea pública, universal, equitativa y de calidad, aplicable a todos los centros y administraciones sanitarias. Se declara que la gestión y administración de los centros y servicios se realizará preferentemente de manera directa por las administraciones y entidades del sector público, relegando la gestión indirecta a un papel excepcional.
Destaca que se crea un procedimiento de evaluación previa para la gestión indirecta, con memoria justificativa, informes preceptivos de comités de evaluación paritarios y publicación de decisiones, lo que introduce una cultura de planificación y control que hasta ahora ha brillado por su ausencia y se refuerza la transparencia y el buen gobierno, obligando a publicar información sobre contratos, conciertos, resultados de salud y calidad, así como indicadores sanitarios por centro acordados en el Consejo Interterritorial del SNS.
Y se avanza en la priorización de entidades sin ánimo de lucro en la contratación pública sanitaria, introduciendo criterios específicos de desempate y fomentando la reserva de contratos de servicios de salud, dentro del marco europeo; además de garantizar que los hospitales privados vinculados mediante convenios singulares presten la atención al SNS en condiciones de gratuidad y sin carácter lucrativo, alineando estos dispositivos con los objetivos sociales y de eficiencia del sistema público.
Por otro lado, la FADSP plantea una serie de líneas de mejora y desarrollo que permitirían aprovechar plenamente el potencial del anteproyecto. Considera necesario definir de forma más precisa y acotada los supuestos en que puede recurrirse a la gestión indirecta, reforzando su carácter realmente excepcional y garantizando siempre la evaluación previa, incluso para contratos de menor cuantía en áreas asistenciales sensibles.
Asimismo, "establecer, a partir del nuevo marco legal, planes autonómicos de refuerzo de recursos propios y de reducción progresiva de la dependencia de conciertos y externalizaciones, priorizando la inversión en la red pública". Y, por otro lado, reforzar el carácter público y homogéneo de las condiciones laborales en consorcios y entidades públicas de gestión, evitando segmentaciones innecesarias y asegurando que todo el personal que presta servicios para el SNS se integra en condiciones equiparables al resto de la red pública.
Además, ve necesario abordar de forma explícita el papel de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), incorporando el compromiso de avanzar hacia su integración progresiva en el SNS para evitar circuitos paralelos financiados con fondos públicos y reforzar un único sistema público, universal y solidario; y garantizar la presencia de organizaciones defensoras de la sanidad pública, como la FADSP, en el grupo de trabajo que elaborará el informe sobre experiencias de gestión y en los procesos de definición de indicadores e instrumentos de evaluación en el Consejo Interterritorial.
