MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha advertido de que el nombramiento de Pilar Farjas como nueva Secretaria General de Sanidad, "deja clara la intención del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de apostar por los recortes". La acusación de la organización esta basada en la "insensibilidad social" de la hasta ahora consejera de Sanidad de Galicia.
FADSP considera que las bases de la política de Sanidad se van a regir por "la descapitalización del sector público, la privatización y el copago". Sus afirmaciones se producen porque, a su juicio, la gestión de Farjas al frente de la sanidad pública gallega "se ha caracterizado por una política basada en los recortes del gasto".
Según FADSP, Farjas "ha sido capaz de suprimir el derecho a la asistencia sanitaria a los parados de larga duración, las personas sin recursos y a los emigrantes" de Galicia. Por este motivo, la federación asegura no entender los motivos de este nombramiento.
Además, acusan a la nueva colaboradora de Ana Mato de "condicionar la paralización del Plan de Mejora de la Atención Primaria, de la supresión de la actividad de los centros públicos por la tarde y de la eliminación de los servicios en radiología, laboratorio y ambulancias". Culpas que no acaban ahí, ya que también le achacan el desmantelamiento de las áreas sanitarias, la privatización de parcelas del sistema o la introducción solapada del copago.
Sin embargo, la acusación en la que más se explaya FADSP es en la de haber apostado por la financiación privada de las nuevas infraestructuras hospitalarias y de Atención Primaria. Esta medida "favorece a grupos empresariales y financieros afines al PP, lo que deja en manos privadas la gestión de los centros sanitarios, hipotecando el sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad por su elevadísimo coste", señalan.
Por último, indican como "único punto positivo" de la gestión de Farjas en la comunidad gallega su apuesta por los medicamentos genéricos. Sin embargo, advierten de que esta medida se realizó sin tener en cuenta a los sanitarios y enfrentándose al Consejo Interterritorial que ahora va a presidir, "generando un conflicto profesional e institucional que restó eficacia a la medida", concluyen.
