MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
FACUA-Consumidores en Acción ha calificado de "tomadura de pelo" las condiciones impuestas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular.
Además, ha lamentado que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunciara hace cuatro meses que los servicios de Atención Primaria iban a volver a atender a este colectivo y que, ahora, lo condicione a diferentes hechos como, por ejemplo, que estén empadronados por más de un año en la comunidad autónoma en la que solicitan el acceso.
Por ello, FACUA ha pedido a Alonso que, "en lugar de proponer medidas como esta que sigue limitando el acceso a la Sanidad a un numeroso colectivo de personas", derogue el Real Decreto 16/2012, el cual, tal y como ha recordado, conllevó la retirada de las tarjetas sanitarias a más de 800.000 personas, mucha de ellas inmigrantes sin permiso de residencia.
EL REAL DECRETO ES "INCONSTITUCIONAL"
Y es que, a su juicio, el Real Decreto es "inconstitucional", porque niega el acceso a un derecho básico, como es el de la sanidad, a un sector de la población. En este sentido, prosigue, el Tribunal Constitucional ya ha indicado que el derecho a la salud "no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico", y que el Gobierno no ha probado el ahorro de aplicar su reforma sanitaria.
"El Constitucional se ha manifestado así en los recursos interpuestos por el Gobierno contra las regulaciones que aprobaron País Vasco y Navarra para garantizar la sanidad universal", ha señalado, para lamentar la "falta de sensibilidad del Ejecutivo con un colectivo especialmente vulnerable y afectado por la situación de crisis que vive España en los últimos años".
Además, FACUA ha criticado la "crueldad" del Gobierno con ciudadanos que generalmente atraviesan graves penurias económicas y no logran regularizar su situación en España al no lograr un empleo. Asimismo, ha avisado de que las condiciones impuestas "no son más que nuevos impedimentos" para el acceso a un derecho fundamental de toda persona, que debe permitirse sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
"Cualquier persona que se encuentre en territorio español debería tener derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones, tal y como se establece en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Negar la sanidad a los inmigrantes sin permiso de residencia es el principio de un modelo sanitario excluyente e injusto", ha zanjado.
