MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
FACUA ha asegurado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad le pidió en el pasado mes de julio su valoración del 'medicamentazo', a pesar de que "ahora tache de ilegal que opine". Desde este organismo se incide en que Sanidad les aseguró que realizaban esta acción porque la legislación obliga al Gobierno al trámite de audiencia de los interesados.
Así, entre ellas, se encuentran las organizaciones de consumidores, por lo que el portavoz de esta organización, Rubén Sánchez, considera la pretensión de ilegalización como "una grave amenaza". Además, explica que está dirigida "no sólo contra FACUA, sino contra la libertad de expresión y crítica, y el derecho de asociación; principios fundamentales de cualquier democracia".
Por otra parte, el portavoz de la organización indica que "no existe ninguna ley que prohíba a una asociación de consumidores actuar en temas relacionados con la sanidad pública". Según su criterio, tienen derecho a verter sus opiniones y las Administraciones tienen el deber de someter cualquier norma que afecte a los usuarios a la valoración de las organizaciones de consumidores.
En cuanto a la misiva enviada por el Ministerio a FACUA, ésta está fechada el 3 de julio, "justo un mes antes de la amenaza de ilegalización lanzada por la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas", indica Sánchez. De hecho, el representante de este organismo asegura que han sido "diversas" las consultas remitidas por la institución.
Particularizando en la advertencia efectuada por el Ministerio, ésta consiste en expulsarla del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios si no paraliza todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes. Además, insta a retirar de la web de la organización "todo rastro de las mismas".
Antes estas circunstancias, FACUA asegura que el PSOE e Izquierda Plural han demandado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Ana Mato, "para que dé explicaciones" acerca de esta situación. Además, confirma que tienen el apoyo de los responsables de protección al consumidor de los gobiernos de Andalucía y Canarias.
