MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Científicos y juristas reclaman una actualización "urgente" de la Ley de Investigación Biomédica, aprobada en 2007, para adaptarla a los problemas éticos y clínicos que puede causar la progresiva incorporación de datos obtenidos a través de la secuenciación masiva de genes, cuyo uso es cada vez es más común en investigación y práctica clínica.
Así se desprende del informe 'Secuenciación Genómica masiva e información. Nuevos retos' promovido por la Fundación Salud 2000, que ha analizado los derechos que se pueden ver afectados con el uso de estas técnicas, que en los últimos años han causado una "revolución" en el análisis genético, según ha reconocido Juan Cruz, presidente de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) y uno de los autores de este trabajo.
La información que se deriva de la secuenciación genómica masiva no es la misma que la que ofrecen las pruebas genéticas tradicionales, ya que ofrece una "ingente información" del paciente que obliga a hacer "reajustes" para conciliar el avance en la investigación con la protección de los individuos.
Uno de los principales problemas que puede conllevar esta secuenciación masiva de genes es la detección de hallazgos inesperados de mutaciones genéticas que pueden tener consecuencias clínicas para el paciente. Algo que según el profesor Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, es más frecuente en el ámbito investigador que en el clínico.
"Antes se analizaban una serie de genes concretos en función de la enfermedad que se estuviera estudiando pero ahora, con las técnicas de secuenciación de última generación, se ve todo el genoma a la vez o un conjunto de genes, el exoma, y se pueden producir hallazgos inesperados, como sucede también con pruebas clínicas más convencionales, ante los que hay que saber cómo actuar", ha defendido.
Para ello, los expertos inciden en la necesidad de establecer nuevos modelos de consentimiento informado que puedan incorporar la advertencia de limitaciones y dificultades a la hora de interpretar toda la información que se obtenga.
Y que estos criterios de comunicación para los afectados se establezcan a partir de documentos y guías consensuadas por las sociedades científicas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la investigación genética.
INFORMES DE CONSENTIMIENTO INFORMADO MENOS "FARRAGOSOS"
Según el profesor Carracedo, el paciente debe ser informado de que pueden identificarse otras mutaciones genéticas que pueden poner en riesgo su salud, como ya se hace en otros países como Estados Unidos, para que decida si quiere ser informado o no. Y para ello, ha añadido, es la necesidad de hacer informes de consentimiento "menos farragosos" que el paciente pueda entender mejor.
Sobre todo porque, según ha añadido Fernando Abellán, coordinador del informe y director de Derecho Sanitario Asesores, si no se acota esta información podrían producirse "reclamaciones" de pacientes que en el futuro sean diagnosticados de una enfermedad que podría haberse advertido en estos análisis pero no fueron avisados.
Otros aspectos que también debe regular la ley es quién es el encargado de guardar la información obtenida mediante esta secuenciación masiva o para quienes estará accesible. Actualmente, cuando estas técnicas se utilizan en el ámbito investigador es el centro el titular de esta información, pero los consentimientos suelen habilitar al paciente la posibilidad de reclamar los datos.
