MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un informe de expertos promovido por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) prevé que en los próximos cinco años la sanidad pública en España sufrirá un deterioro de su calidad asistencial que puede derivar en un aumento de la actividad asistencial privada y de la contratación de pólizas de seguros privados de salud.
El estudio Delphi 'Flexibilidad estratégica del sector privado ante la transformación de la sanidad pública: Análisis de escenarios de futuro 2013-2018' se ha llevado a cabo a partir de los pronósticos y deseos de un panel de 100 expertos sobre el devenir de la sanidad en España en los próximos años. Aunque el 60 por ciento de los participantes proceden del sector privado, en el informe también han participado altos cargos, gestores y profesionales de la sanidad pública.
De este modo, los expertos consultados vaticinan una "lenta recuperación económica" que favorecerá una reducción presupuestaria de la sanidad pública y conllevará un progresivo empeoramiento de la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Este deterioro derivará también en una "obsolescencia tecnológica" y en una reducción de la cartera de servicios financiados, lo que según los expertos podría ocasionar un aumento de las pólizas de seguros privadas.
Según ha explicado el director general del IDIS, Manuel Vilches, estas expectativas de crecimiento no son compartidas de forma unánime por todos los expertos consultados, ya que los gestores y profesionales de la sanidad pública "son más reacios a que esto ocurra".
Asimismo, la reducción presupuestaria de la sanidad pública propiciará también una mayor proporción de la financiación privada dentro del gasto sanitario total.
De hecho, el informe revela una "disposición favorable" de los expertos consultados a extender el copago a las prestaciones asistenciales, siempre que se sigan "criterios clínicos, garantías de equidad y eficiencia administrativa" y aun sabiendo que se trata de un tema "ampliamente controvertido".
Ante esta posibilidad, no obstante, el vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Julio Sánchez Fierro, que ha sido uno de los expertos consultados, ha rechazado que en el futuro este copago deba ser "la regla" y "la financiación pública se quede en meras ayuditas".
En cambio, este experto sí destacado la necesidad de contar con el sector privado "con naturalidad" y, en este sentido, coincide con las conclusiones del informe de que en los próximos años se consolide la colaboración público-privada.
"A pesar de que hay quienes se empeñan en poner trabas, existe un camino común que en el futuro debe despejarse para que el sector público y privado trabajen juntos", ha apuntado Vilches.
CONSOLIDAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
También ha coincidido en este punto el exministro de Sanidad durante el Gobierno de Felipe González Julián García Vargas, que también fue consultado en este informe y que ha destacado los "buenos lazos de unión" que ha habido siempre entre la sanidad pública y privada a pesar de que a este sector "se le ha ido delimitando con una serie de prejuicios y se ha disfrazado de una determinada ideología".
En este sentido, los expertos consultados en el informe esperan que el sector privado desarrolle nuevos ámbitos de colaboración como el establecimiento de alianzas con centros públicos que permita garantizar la continuidad asistencial o la creación de centros complementarios a la cronicidad.
De igual modo, contemplan la extensión y consolidación de la concesión administrativa de la gestión indirecta de centros asistenciales de titularidad pública, mediante una mejora de la calidad del marco regulatoria y la transparencia en la rendición de cuentas.
El informe también apuesta por la evaluación económica de coste-efectividad para la racionalización de la cartera de servicios de financiación pública, algo que sin embargo no ha compartido el portavoz de Sanidad del PSOE y exsecretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, para quien "sólo debe haber una cartera de servicios" y de ella sólo deben quedar fuera aquellas prestaciones o servicios "que no aporten nada".
