MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de expertos de la sociedad científica Asociación de Economía de la Salud (AES) ha presentado este jueves un informe con propuestas para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) pueda hacer frente a la crisis, que pasan entre otras medidas por "dejar de financiar parcial o completamente medicamentos, dispositivos, aparatos, procedimientos o servicios que aporten un escaso valor clínico".
Según los autores del documento 'La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación pública sensata y responsable', ha de partirse de la idea de efectividad clínica, y apuntan a que el ajuste presupuestario en sanidad debe evolucionar hacia una financiación selectiva de las prestaciones médicas, los medicamentos y las tecnologías.
De este modo, proponen "desinvertir" en todo aquello que no añada salud, creando una agencia evaluadora española de ámbito estatal, con autonomía de gestión y distanciada de los Gobiernos central y autonómicos, siguiendo el ejemplo del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) de Reino Unido.
Asimismo, entre los primeros pasos plantean una nueva gestión transparente de las listas de espera, basada en establecer mecanismos de priorización en función de la gravedad del paciente y de los beneficios esperados de la actuación clínica.
Por otro lado, proponen modificar el actual copago farmacéutico, por "ineficiente e inequitativo", eliminando la arbitraria distinción entre activos y pensionistas para evolucionar hacia un sistema basado en la renta, pero con factores correctores que permitan mejorar la equidad del actual sistema como serían la fijación límites máximos de contribución anual, exención total de las rentas más bajas y condiciones especiales en los casos de enfermedad crónica o multipatología.
Con respecto a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios abundan en una progresiva y no traumática desfuncionarización de la actividad profesional, con un mayor peso de las retribuciones variables ligadas a objetivos y proponen asimismo evitar los pagos por acto en el caso de los asalariados (las llamadas "peonadas").
En el caso de la Atención Primaria indican la necesidad de reorientar la estructura actual hacia un modelo de agrupación de profesionales de la salud que asuman riesgos económicos derivados de su mayor o menor eficiencia. Igualmente, aluden a la necesidad de permeabilizar las especialidades médicas para promover la colaboración entre ellas.
Los expertos firmantes del documento consideran que las propuestas detalladas, dada la coyuntura económica actual, "son inaplazables", ya que "sólo una reestructuración de la sanidad pública en las direcciones apuntadas, puede evitar que los recortes presupuestarios conduzcan inevitablemente a una erosión del SNS y a una pérdida en la calidad asistencial".
