MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Economía y Salud ha presentado este jueves en el Senado el informe 'Hacia un modelo de atención sociosanitaria', elaborado con el fin de identificar el problema y definir los recursos para la necesaria coordinación entre las administraciones social y sanitaria.
El documento denuncia que en España "no existe un modelo uniforme de prestación ni de coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales, ni existen verdaderos sistemas de provisión integrada de estos servicios".
Así, pone de ejemplo a Canadá como "uno de los modelos más avanzados a nivel internacional", que podría aportar a España una "perspectiva real" sobre cómo avanzar "manteniendo las identidades de ambos sistemas y trabajar en la coordinación de la atención a una población con necedad de atención sociosanitaria, entorno a un perfil determinado previamente".
"Es necesario avanzar en un modelo básico a nivel nacional que garantice la igualdad de derechos en todo el territorio nacional, con independencia de que en la comunidad autónoma donde resida cada persona se haya avanzado más o menos en los instrumentos de coordinación sociosanitaria", recoge el documento.
¿HISTORIA CLÍNICA SOCIAL Y SANITARIA?
El presidente de la Fundación, Alberto Giménez Artés, ha explicado algunas de las propuestas del informe, como la necesidad de una historia clínica "sanitaria y social conjunta e interoperable". En la misma línea, reclaman una diferente legislación a la hora de prescribir y proveer los servicios, teniendo en cuenta "cuántas personas y durante cuantos días permanecen en un hospital de agudos o de media estancia, consumiendo ineficientemente estos recursos por falta de una respuesta social a sus necesidades".
En el documento también se critica la "falta de sintonía" entre las administraciones social y sanitaria, que tienen áreas de trabajo con "límites ambiguos que pueden ser competencia de ambas".
Igualmente, se llama la atención sobre la "falta de impulso y liderazgo para crear unos órganos de coordinación formados por profesionales de uno y otro campo"; así como la "inexistencia de adecuados canales de información y herramientas que permitan a los órganos de coordinación y a los responsables de los servicios el conocimiento de la situación sanitaria o social en la que se encuentre la persona o las previsiones que se desprendan de su historial".
Giménez Artés ha criticado la "falta de presupuestos debido, entre otras cuestiones, a una visión excesivamente cortoplacista que impide adoptar políticas de continuidad asistencial que ciertamente suponen un mayor desembolso a corto plazo, pero un importante ahorro a medio y largo plazo".
NO MÁS CAMAS DE AGUDOS, SÍ DE REHABILITACIÓN
El presidente de la Fundación ha lamentado la escasa "continuidad asistencial" del Sistema Nacional de Salud, que, a su juicio, está "excesivamente centrado en lo agudo". "No llega a un 1,5 por ciento lo que dedicamos a la prevención y promoción de la salud, cuando un 80 por ciento de los factores de riesgo son evitables con políticas de promoción de la salud y empoderamiento del paciente o cuando el 30 por ciento de esas enfermedades reagudizan por falta de un seguimiento en fases postagudas y crónicas", ha pormenorizado.
Por tanto, no considera "necesario" un incremento en el número de camas en hospitales de agudos, pero ve "evidente que hay una falta de camas de media estancia, de convalecencia o rehabilitación cada vez más urgente debido al éxito en la fase aguda que salva la vida a las personas pero que una vez estabilizadas no reciben la adecuada atención en su fase postaguda, bien sea puramente sanitaria o bien sociosanitaria".
"Los recursos deben ajustarse a las necesidades, asegurando una continuidad asistencial en la que se incluye necesariamente la atención sociosanitaria para lograr mejores resultados en salud y más eficiencia. Una mejor atención sociosanitaria evitaría más de 1.000 derivaciones diarias de los centros de mayores. Por cada 1.000 personas que rehabilitamos recuperando su independencia, con un gasto total de 18 millones de euros, evitamos un gasto de 120 millones que supone el gasto en una residencia de mayores de esas personas con una esperanza de vida de diez años. Y estamos hablando de decenas de miles de personas", ha remachado.
LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS "NO EXISTEN"
El informe, editado en formato libro, ha sido elaborado por José Ignacio Nieto García, experto en política y gestión sanitaria; el jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe (Madrid), Leocadio Rodríguez Mañas; el coordinador del Espacio Sociosanitario de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, Carlos Peña Laguna; y Fernando Vicente Fuentes, que ha desempeñado, entre otros cargos, el de director general de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud.
El estudio tiene sus antecedentes en el proyecto que la Fundación Economía y Salud puso en marcha en 2018 con la reunión de más de 40 expertos para que dejasen patente su punto de vista en el documento presentado posteriormente en el Senado 'Lo sociosanitario: de los casos reales al modelo', con la visión de diversas comunidades autónomas meses después.
Uno de los capítulos del libro está dedicado a las personas, ya que consideran "importante identificar las situaciones en las que es preciso atenderles en sus necesidades sanitarias cuando se encuentran en unas determinadas condiciones sociales".
De ahí que uno de los autores, José Ignacio Nieto García, ha esgrimido que, según la legalidad vigente, los centros sociosanitarios "no existen" y "no son necesarios": "La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a enfermos que pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales, para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social".
Así, ha instado a terminar con "los equívocos y la inseguridad" que plantea la utilización "indiscriminada" del término sociosanitario, así como a establecer procedimientos y mecanismos con carácter general para garantizar una asistencia sanitaria "de calidad y sostenible, así como garantizar el sistema de los servicios sociales (gastos y sistema financiero)".
