Expertos juristas advierten de que el pacto de 'quota litis' hace de la sanidad un mercadeo y pervierte el acto médico

Actualizado: jueves, 23 septiembre 2010 20:10

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos juristas en el ámbito sanitario han advertido este jueves que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto en favor del pacto de 'Quota Litis', que establece el que los abogados puedan acordar libremente los honorarios con sus clientes en forma de porcentaje sobre la indemnización que puedan conseguir en un pleito, puede contribuir a hacer de la sanidad un "mercadeo" en lo judicial, a la par que "pervierte" el acto médico.

En el marco del seminario 'Demandas colectivas y riesgo de desinformación', organizado en Sevilla por la Asociación Española de Derecho Sanitario y dirigido a periodistas especializados en este ámbito, el asesor jurídico del Consejo Andaluz de Médicos Antonio de Torres ha alertado del "incremento" de asociaciones que, en virtud de una legítima defensa del paciente o consumidor, "están radicalizando sus posturas y volviéndose muy belicosas en lo que a interponer demandas judiciales se refiere", al objeto de buscar el "lucro económico".

Pese a reconocer que, en la actualidad, la mayoría de las acciones judiciales que se emprenden por un presunto error sanitario o negligencia médica se llevan a cabo a título individual por el demandante, "la aprobación de iniciativas como la 'quota litis' puede favorecer el aumento de este tipo asociaciones, que se caracterizan por su proliferación en el número de demandas que emprenden".

Además, ha advertido que las normas deontológicas de los colegios de abogados tradicionalmente han considerado como poco ética la práctica de la 'quota litis' entre sus colegiados, "ya que entendemos que es una forma de pervertir la profesión al convertir al abogado en socio del ciudadano que demanda una presunta actuación negligente".

"Este hecho también le resta imparcialidad al letrado, algo que los demandantes deberían tener en cuenta ya que, en cierta forma, pierden su legitimidad", ha opinado este especialista, quien ha insistido que en los últimos años "está primando el componente puramente económico por encima del resarcimiento del derecho lesionado en el demandante".

De hecho, y pese a admitir que la 'quota litis' permite a un demandante con pocos recursos económicos "acceder a abogados con más prestigio que un letrado de oficio", el Fiscal Decano de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla Emilio de Llera ha alertado por su parte de que la ausencia a la hora de condenar en costas al demandante que pierde su proceso judicial está provocando que no exista un cierto freno a la hora de interponer este tipo de demandas.

En la misma línea, se han pronunciado Ricardo de Lorenzo y Julio Sánchez Fierro, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario y miembro de la Junta Directiva de este entidad, respectivamente, quienes han reprochado que en el ordenamiento judicial español "se aceptan todas las demandas, aunque luego puedan archivarse".

"En muchas ocasiones sólo se persigue sembrar la sombra de la sospecha sobre un hospital, producto médico o cualquier otras cosa", han lamentado estos especialistas, quienes han reprochado que ciertas asociaciones saben que este tipo de noticias 'venden' en los medios de comunicación y lo utilizan como una suerte de presión para negociar un resarcimiento económico en favor de la parte que demanda.

Por este motivo, han coincidido en emprender mecanismos o "fases pre-procesales" similares a los que se llevan a cabo en los tribunales estadounidenses, "que examinan cada caso de demandas colectivas antes de admitirlas o no a trámite".

Por ello, han advertido de que el pronunciamiento del Supremo en torno a la legalidad de este pacto de 'quota litis' ha venido a coincidir con la actividad de algunos despachos extranjeros que incentivan en España la presentación de demandas coelctivas en nombre de asociaciones de consumidores o de pacientes contra empresas multinacionales, entidades bancarias y de aseguramiento e, inclusive, las propias administraciones.

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