SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Estudios científicos recientes estiman que más de dos millones de trabajadores en España, un 10 por ciento del total, sufren alguna enfermedad de distinta gravedad, "desde dolores de cabeza a las que provocan la muerte con la exposición al amianto", según los datos difundidos hoy, en un curso organizado por UGT en la UC, por el director general de Salud Laboral del Gobierno de Cantabria, Iñigo Fernández.
Fernández aclaró que en España se declaran de manera oficial apenas 17.000 enfermedades profesionales "cuando en realidad tendríamos que reconocer unas 90.000 patologías relacionadas con el trabajo, y lo malo, es que si no se reconocen no se puede aplicar políticas de prevención".
El responsable de Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria aludió a distintos estudios científicos que corroboran el mínimo grado de reconocimiento oficial de las enfermedades profesionales, hasta el extremo de que "se calcula que en España fallecen al año más de 16.000 personas por patologías laborales, aunque lo máximo que se han declarado algún año son cinco".
Fernández subrayó que "las patologías laborales existen y hay numerosas publicaciones científicas que lo demuestran, otra cuestión es que se quieran reconocer por el coste que implican y se prefiera cargar ese coste a la sanidad pública".
CONTRASENTIDO ESTADÍSTICO
En este sentido, el responsable de salud laboral puso como ejemplo la paradoja de que "en España la enfermedad profesional no es casi nunca mortal y, sin embargo, hay declaradas más de 17.000 pensiones de viudedad por enfermedades profesionales".
"No es compresible también que en uno de los países más ruidosos de Europa, con más de 249.000 hipoacusias severas declaradas, sólo se reconozcan 551 de estas enfermedades profesionales auditivas cuando se estima por motivos laborales tendría que haber unas 5.400".
El director general de Salud Laboral de Cantabria lamentó que "este bajo reconocimiento de las enfermedades profesionales provoca un alto coste sanitario, una disminución de las prestaciones a las que se tendría derecho y que el trabajador sano siga expuesto", tras indicar que "el Ministerio de Trabajo y las mutuas no nos ayudan mucho para solucionarlo".
Según datos difundidos hoy en el curso organizado por UGT "Nuevos retos y escenarios para la sanidad pública en Cantabria", en 2007 se reconocieron en España 17.061 enfermedades profesionales, 312 de ellas en Cantabria, lo que representa un descenso nacional de más de un 21 por ciento y de un 8 por ciento en la región en comparación al año anterior.
Este descenso, según precisó el responsable regional de Salud Laboral de UGT, José Luis Hernando, "carece de lógica alguna cuando en 2006 se publicó un real decreto con una mayor lista de enfermedades profesionales y un nuevo sistema para mejorar su reconocimiento y declaración oficial".
La media nacional de enfermedades profesionales reconocidas por cada 1.000 trabajadores es de un 0,88, inferior al 1,37 de Cantabria, aunque la primera comunidad autónoma en este concepto con notable diferencia sobre las demás es Navarra, con un 5,52.
Iñigo Fernández aludió en su ponencia al caso de Navarra, donde se reconocen más de 1.500 enfermedades profesionales al año cuando su población activa es similar a la de Cantabria, como "un caso aislado que demuestra que el problema no es de legislación sino de hacer las cosas bien".
PROBLEMAS DE LA FINANCIACIÓN DESCENTRALIZADA
En el curso de UGT también intervinieron hoy las profesoras de la Universidad de Cantabria Natividad Fernández y María Lourdes López, que analizaron la situación actual y los problemas de la financiación de la sanidad tras el proceso de descentralización territorial de los últimos años.
Es más, según subrayó Natividad Fernández, profesora titular del Departamento de Economía de la UC, hoy en día el Estado sólo asume el 51% del gasto público, las comunidades autónomas el 36 y las administraciones locales el 13%.
Este reparto territorial del gasto público responde, agregó la ponente, a "un rápido proceso de descentralización desde 1978, cuando el Estado se encargaba del 90%" y ha implicado también un correspondiente cambio en la distribución de los ingresos, ya que en la actualidad "las comunidades autónomas ya recaudan cerca del 22% de los ingresos y las administraciones locales el 10%".
Por su parte, María Lourdes López, catedrática de Derecho del Trabajo, matizó que "hoy el Estado ya no soporta realmente el coste de la sanidad pública, ya que un 89% de él corresponde a las comunidades autónomas, aunque en realidad ninguna de ellas puede sostener por sí sola su sistema sanitario".
La docente universitaria advirtió que "los nuevos sistemas de salud autonómicos han generado en realidad un mayor coste sanitario", tras criticar "la desigualdad existente en la capacidad de autofinanciación" y que "el fondo de suficiencia que se ha creado para la financiación de la sanidad no es el más adecuado en su reparto".
