MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La liberalización de la propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia en España, a la que podría dar luz verde el Gobierno con la ley de Servicios Profesionales, no conllevaría ningún ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS) ni provocaría una bajada en el precio de medicamentos. Por contra, podría desencadenar el cierre de entre 1.700 y 2.000 establecimientos y más de 5.000 despidos.
Así se desprende de los resultados de un estudio encargado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) al profesor Francesco Sandulli, de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación en Producción de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Departamento de Organización de Empresas (GIPTPIC).
"El Gobierno deben pensar mucho las cosas antes de eliminarlas", ha aseverado el presidente de FEFE, Fernando Redondo, preocupado porque un informe del Ministerio de Economía sobre el anteproyecto de dicha norma mostraba su intención de acabar con la reserva exclusiva de propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia para el farmacéutico.
Para analizar el impacto de esta medida, los autores del estudio han realizado un análisis comparativo con otros países europeos para comprobar los supuestos beneficios de esta medida.
Sin embargo, la comparativa muestra como aquellos países que tienen un modelo de farmacia liberalizado tienen un gasto farmacéutico similar. Es el caso de Irlanda (con 686,4 euros de gasto medio por habitante y año), Bélgica (626,2 euros) o Eslovaquia (554 euros), países con un modelo de libre propiedad con gastos por habitante superiores o, en todo caso, similares al de España, que está en 561 euros por habitante y año.
Asimismo, ha apuntado Sandulli, el precio medio de los medicamentos tampoco se reduce (1,38 euros en Irlanda o 1,11 en Bélgica, frente a los 0,98 euros de España).
Por otro lado, esta liberalización de la propiedad "no favorece el libre mercado" sino que, de hecho, da pié a la entrada de grandes multinacionales y a la concentración del sector.
En este sentido, el estudio ha analizado la situación de Reino Unido, donde existe un modelo liberalizado y el 85 por ciento de las oficinas pertenecen a unas pocas cadenas de distribución (Alliance Boots, por ejemplo, posee más de 3.000 establecimientos); o Noruega, donde "en apenas tres años todas las farmacias pasaron a concentrarse en manos de tres cadenas".
MENOS FARMACÉUTICOS, MÁS COMERCIALES
Esto afecta a los profesionales del sector y ponen en riesgo la calidad de la prestación, ya que se reduce el número de farmacéuticos siendo sustituidos por auxiliares o comerciales. "Pasan a dedicarse a labores más comerciales que asistenciales", advierte este experto.
Prueba de ello es que mientras que en España hay un ratio de 0,93 farmacéuticos por cada mil habitantes, en Reino Unido la proporción es de casi la mitad, 0,50 por cada mil habitantes.
Además, el estudio constata como esta concentración también afectaría al acceso a las oficinas de farmacia por parte de los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales, lo que en el caso de España afectaría al 83 por ciento de los municipios españoles, que son los que tienen menos de 5.000 habitantes.
El estudio prevé cierres de establecimientos y despidos de profesionales sanitarios, "como ha sucedido con el resto del comercio minorista" en zonas rurales.
Estas zonas, de igual modo, también dejarían de ser rentables para estas nuevas cadenas comerciales, aseguran los autores, por lo que la distancia media del domicilio a la farmacia pasaría de los 800 metros actuales al 1,5 kilómetros, lo que "produciría un incremento en los costes para acceder a estos establecimientos", entre 19 y 100 euros más, algo que han llamado un "copago encubierto".
COPAGO ENCUBIERTO, INTERESES OCULTOS
En virtud de estos datos, el presidente de FEFE se pregunta "a quién interesa esta medida, si no es ni al bien público, ni a los ciudadanos ni a los profesionales", temiendo la presencia de intereses "ocultos" ante una "oportunidad de negocio".
"La propiedad de la farmacia por parte del farmacéutico es una garantía y el medicamento es un bien esencial y básico, por lo que el Estado debe garantizarlo", ha defendido Redondo.
Por ello, ha avanzado que tratarán de hacer llegar estos datos al Ministerio de Economía para intentar defender la titularidad de estos establecimientos "con datos en lugar de con mitos".
