La ministra de Sanidad, Mónica García. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad encara el nuevo año con varios frentes abiertos, comenzando por las protestas de sindicatos médicos contra el borrador de Estatuto Marco que la ministra Mónica García busca aprobar, igual que pretende con otras normativas pendientes, como la ley del medicamento o la reforma de la ley antitabaco, para lo que deberá buscar apoyo parlamentario en un clima de incertidumbre y tensión política.
Tras el rechazo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) al último texto de Estatuto Marco, que sí aprobaron otros sindicatos implicados, 2026 arrancará con nuevas jornadas de huelga médica y movilizaciones, según las previsiones de las organizaciones.
Sanidad lleva tres años de negociaciones para actualizar el Estatuto Marco, una ley que regula las condiciones laborales del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que lleva sin tocarse desde 2003. La ministra ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de llevarlo al Consejo de Ministros y, después, al Congreso de los Diputados.
"Yo necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados", destacaba a finales de julio puntualizando que quería que sucediera en esta legislatura.
Si Sanidad logra recabar el respaldo sindical y llevar el Estatuto a las Cortes, también tendrá que establecer consensos allí, otro reto teniendo en cuenta el contexto de fragmentación parlamentaria y los precedentes vividos. En 2025, la Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), la única llevada a la Cámara Baja por este ministerio, fue rechazada en una primera votación.
MEDICAMENTOS, TABACO Y PACIENTES
El Ministerio de Sanidad deberá sortear este ambiente para conseguir cerrar otros proyectos clave, como la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado abril.
El texto del anteproyecto incluía propuestas para permitir a enfermeras y fisioterapeutas recetar fármacos dentro de sus competencias, permitir a farmacéuticos sustituir un medicamento prescrito en caso de desabastecimiento, y un cambio en el sistema de precios de referencia para fomentar la competitividad.
Sin embargo, este texto recibió cerca de 400 alegaciones en su fase de audiencia pública y Sanidad confirmó cambios para mejorar las partes que generaban "cierto conflicto". Junto a esta ley, están pendientes el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Además, Sanidad deberá avanzar para convertir otros compromisos y borradores en normas efectivas. Entre ellas, la ley antitabaco, que busca ampliar los espacios sin humo y equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional, y el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad.
"Esperemos que los diferentes grupos parlamentarios prioricen la salud de los ciudadanos, prioricen la evidencia científica y sean tan ambiciosos como somos en el Ministerio de Sanidad", comentaba García en julio sobre la reforma de la Ley del Tabaco.
A estas se suma la Ley de Organizaciones de Pacientes, uno de los elementos que marcaría la segunda mitad de la legislatura, en palabras del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Esta normativa definirá un marco jurídico propio para las asociaciones de pacientes e impulsará su participación en la elaboración de políticas públicas que les afectan.
En el nuevo año verá la luz la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), organismo que trabajará para reforzar las capacidades del país para mejorar la salud de la población, la equidad en salud, y proteger a la ciudadanía frente a amenazas sanitarias, como lo fue la pandemia de Covid-19. El objetivo de Sanidad es que la agencia esté "plenamente operativa" en el primer semestre de 2026.
PRIVATIZACIÓN Y UNIVERSALIDAD
Mónica García marcaba a finales de 2025 una prioridad para inicios del nuevo año: la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS, con la que se derogará la Ley 15/1997 y se limitará la colaboración público-privada en la sanidad. A su vez, recordaba que su departamento trabaja en un Real Decreto para reducir las listas de espera, uno de los compromisos contemplados en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
También queda pendiente culminar la aprobación de la Ley de Universalidad del SNS, que el Consejo de Ministros remitió al Congreso en mayo de 2024. Su objetivo es recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagurapación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa mediante la revisión de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS.
En paralelo, la ministra seguirá trabajando con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), un escenario donde ha alcanzado "más de 70 acuerdos" desde que asumió la cartera, pero en el que también se han producido conflictos con las consejerías del Partido Popular.
Este continuará siendo uno de los focos de la agenda político sanitaria en el nuevo año, pues permanecen abiertas las disputas con la Comunidad de Madrid por la creación del registro de objetores y la recopilación de datos de los cribados de cáncer.
