BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará a España al Tribunal de Justicia por no reembolsar los gastos médicos que sus ciudadanos tienen en otros países de la Unión Europea, violando así la normativa comunitaria sobre los derechos de los pacientes. Bruselas reprocha a las autoridades españolas denegar "injustamente" a los pacientes españoles las solicitudes de devolución de los tratamientos médicos dispensados en otros Estados miembros.
De acuerdo a su legislación nacional, España sólo reembolsa los tratamientos ambulatorios u hospitalarios en los casos de "emergencia vital", algo que, según la CE, vulnera los derechos que tienen los pacientes a la libertad de prestación de servicios.
Además, la seguridad social española tiene que autorizar el tratamiento en el extranjero. No obstante, España deniega sistemáticamente la devolución de los costes de hospitalización cuya solicitud de autorización se presenta tarde, es decir, durante el tratamiento en otro Estado miembro o después del mismo, un hecho que la CE ve "poco razonable".
En definitiva, Bruselas sostiene que esta situación perjudica a los pacientes españoles que se ven privados del derecho al reembolso del tratamiento ambulatorio dispensado en otro Estado miembro, prestaciones que habrían sido sufragadas de haberse efectuado en España. En cuanto a los cuidados hospitalarios, los pacientes se ven obligados a pagar elevadas facturas por el solo hecho de no haber solicitado una autorización previa.
La legislación comunitaria en materia de libertad de prestación de servicios establece que los pacientes tienen el derecho "general" a ser reembolsados por los tratamientos médicos recibidos en otro Estado miembro, un derecho que varía en función de si se requiere hospitalización o de si se trata de una atención ambulatoria.
En el primer caso, los Estados miembros pueden pedir una autorización pero no en el segundo. También deben reconocerse las recetas médicas extendidas por facultativos de otros países de la UE. Corresponde ahora al Tribunal de Justicia decidir si España debe modificar sus disposiciones legales.
