MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos, Manuel Alfonso Villa Vigil, denunció hoy que su organización tiene censadas entre 2.000 y 3.000 clínicas dentales que funcionan fuera de la legalidad. Según sus datos, hay zonas donde el intrusismo es más "endémico", como en el caso de Andalucía, Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha; mientras que en otras regiones estos supuestos dentistas están más escondidos "tras dentistas corruptos".
Villa Vigil hizo estas declaraciones en el marco de la firma de un convenio con la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población en materia bucodental, principalmente a través de políticas contra el intrusismo y la ilegalidad.
Entre los fines que ambas organizaciones se proponen está incrementar el conocimiento sobre los servicios sanitarios en las unidades de salud odontológica y promover y desarrollar protocolos clínicos normalizados. Para esto proponen el reparto de trípticos informativos y jornadas de concienciación.
Villa Vigil hizo hincapié en la promoción de acciones dirigidas a proteger y resarcir a los pacientes de los servicios de salud de los peligros, daños y perjuicios de falsos dentistas. El convenio también se implica en el estudio de los efectos en los pacientes por la proliferación de instalaciones clínicas dentales guiadas por criterios mercantilistas o economicistas, en lugar de criterios vocacionales sometidos al control ético-deontológico de la organización.
El presidente del Colegio apuntó el dato de que las franquicias o macroclínicas dentales reúnen entre el 80 y el 85% de las reclamaciones de este sector en Madrid. En este sentido, Villa Vigil reconoció que ve "con esperanza" la inminente ley de sociedades profesionales pues "ha puesto el dedo en la llaga en algo muy importante", aunque "necesitará retoques, pues admite alguna laguna".
Por su parte, la presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Isabel Ávila Fernández-Monge, declaró que el convenio les parece "positivo", porque cada día se incrementa el número de reclamaciones por vulneraciones a derechos fundamentales como son la salud, la información y los derechos económicos. "A mi asociación le importa el derecho a la salud", dijo, a lo que añadió que la unión de fuerzas se encaminaría a mejorar la calidad de vida y la salud bucodental.
Finalmente, en el convenio se acuerda la creación de una comisión paritaria con reuniones de carácter ordinario cada seis meses, a las que se podrán unir otras asociaciones de consumidores que ya tuvieran convenio con las organizaciones firmantes.
