BRUSELAS 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los Veintisiete han dado el visto bueno este viernes a la propuesta de la Comisión Europea de realizar 2.250 pruebas de ADN en el mercado comunitario para rastrear la presencia ilegal de carne de caballo en alimentos preparados, tras el escándalo por el fraude detectado en hamburguesas y lasañas elaboradas a base de equino pero etiquetadas como vacuno. Junto a Francia, Reino Unido e Italia, España está entre los países a los que Bruselas pide más test de ADN, 150, según fuentes europeas.
También realizarán otra serie de pruebas para detectar un potente antiinflamatorio para caballo, llamado fenilbutazona, con la intención de "tranquilizar al consumidor", indican desde Bruselas. Así, los países deberán tomar una muestra por cada 50 toneladas, con un mínimo de 5 test por Estado miembro.
Los dos tipos de examen se deberán realizar durante el mes de marzo, con posibilidad de prorrogar el plan dos meses más y con el objetivo de que los primeros resultados sean públicos el 15 de abril.
El portavoz comunitario de Consumo, Fréderic Vincent, ha explicado horas antes que el fenilbutazona es una sustancia que "a veces" se ha encontrado en productos cárnicos pese a no estar autorizada, al tiempo que ha negado que se hallara su presencia en las primeras pruebas realizadas este mes en Reino Unido.
En cuanto a las pruebas de ADN, Bruselas propone que se realicen entre 10 y 150 pruebas por país, en función de factores como el peso de su mercado cárnico o las toneladas importadas, aunque no ha aclarado aún el reparto exacto.
Otras fuentes han adelantado que entre los países a los que más pruebas de ADN ha pedido Bruselas está España, además de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Alemania, que deberán realizar 150. La mayoría de países, entre ellos Bélgica, Países Bajos y Portugal, cumplirán con un centenar de test; otros cinco países, entre ellos Irlanda, que analizarán 50 pruebas, y a aquellos con un mercado menor, se les pedirán una decena de test.
La Comisión espera designar un laboratorio de referencia que ofrezca un tipo de test también de referencia para todos los Estados miembros, para un plan que podría alcanzar los 3 millones de euros de coste, según las primeras estimaciones, a razón de 300 euros por test.
El comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, presentó el miércoles esta idea a los países más afectados por esta crisis, entre ellos Francia y Reino Unido, pero ha sido este viernes cuando los Veintisiete han respaldado el plan, después de que Bruselas haya revisado al alza el nivel de cofinanciación de estos test, según fuentes europeas.
La Comisión ha confirmado en un comunicado su intención de apoyar financieramente el proyecto, pero no ha ofrecido cifras detalladas sobre el nivel de cofinanciación que asumirán las arcas comunitarias.
Italia, principal productor cárnico de la UE, ha sido la única delegación en votar en contra de la medida en la reunión del comité de expertos competente que han celebrado los 27 en Bruselas, según fuentes europeas.
El Ejecutivo comunitario espera de los gobiernos europeos "una colaboración plena y completa, que permita dejar atrás cuanto antes esta situación", recalcó Vincent en una rueda de prensa previa al voto del comité.
La carne de caballo es un producto autorizado en la Unión Europea pero que debe cumplir una serie de estándares para entrar en la cadena alimentaria. Por ejemplo, cada caballo sacrificado para el consumo humano debe contar con "un 'pasaporte sanitario' que acredite que el animal no ha sido sometido a ningún tratamiento veterinario".
La Unión Europea consume unas 110.000 toneladas cada año de carne de caballo, de las que importa un 30% de países terceros, principalmente de Canadá, México y Argentina. En Europa, los principales productores son Polonia y Rumanía, aunque los principales consumidores son Francia, Italia, Países Bajos y Bélgica.
En un breve comunicado, el comisario Borg ha celebrado el "rápido" respaldo a su plan coordinado por parte de los gobiernos europeos, a quienes ha instado a actuar con celeridad para ofrecer una imagen "clara" de la situación.
"Los consumidores esperan de la UE, de las autoridades nacionales y de todos los implicados en la cadena alimentaria que den todas las garantías necesarias sobre lo que encuentran en sus platos", ha declarado Borg.
