Permitirá a los ciudadanos de la UE elegir ser atendidos en un país distinto al de origen
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español todavía no ha aprobado la transposición de la directiva europea sobre derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza que comenzará a aplicarse en apenas dos semanas, a partir del próximo 25 de octubre, y que permitirá a los ciudadanos europeos elegir ser atendidos en otro país distinto al de origen.
Así lo ha reconocido este viernes la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, durante unas jornadas sobre este tema organizadas por la Organización Médica Colegial (OMC) en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, en la que ha asegurado que el Ministerio está trabajando "intensamente" para sacar adelante el Real Decreto que debe incorporar la directiva al ordenamiento jurídico español.
El objetivo de la directiva, aprobada en 2011, es facilitar a los pacientes de la Unión Europea el acceso a la asistencia sanitaria transfronteriza y garantizar la calidad y seguridad de la misma, y entre otras cuestiones regula el reembolso de los gastos que conlleva, el reconocimiento de recetas y el acceso a la historia clínica de los pacientes.
En principio, cuando un ciudadano decida ser atendido en otro país deberá abonar el coste de los servicios sanitarios que reciba por adelantado "y después serán reembolsados por el país de origen al precio que marque el país de destino", ha explicado Farjas.
Las autoridades nacionales pueden introducir un sistema de autorización previa en caso de que la asistencia requiera la hospitalización de al menos una noche, en casos muy especializados o muy caros, o en casos graves relacionados con la calidad o seguridad de la asistencia en el extranjero.
De momento, los ciudadanos con sanidad en España no podrán acudir a otros países a ser atendidos hasta que Sanidad no publique la transposición de la directiva que fija las condiciones para solicitar dicha atención, algo que según la subdirectora adjunta de la Cartera Básica de Servicios del Ministerio, Maravillas Izquierdo, es "inminente".
De hecho, ha explicado, el texto ha superado ya el trámite de audiencia y, una vez se revisen las más de 200 alegaciones recogidas, deberá pasar por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sin embargo, a partir del 25 de octubre los ciudadanos europeos de aquellos países que sí hayan incorporado ya la directiva podrán solicitar atención sanitaria en España, tanto en centros públicos como privados.
PRECIOS PÚBLICOS Y TRANSPARENTES
El precio de las prestaciones, según ha puntualizado Farjas, lo marcará cada servicio autonómico de salud y en principio no ha de ser el mismo en todas las comunidades. "Lo que la Unión Europea exige es que las tarifas sean conocidas, públicas y transparentes, y que se apliquen con independencia del ciudadano que pida la atención sanitaria", ha aclarado.
Para ello, el Ministerio pondrá a disposición de los ciudadanos una oficina de información en la que ciudadanos de otros países podrán consultar estos y otros datos, como el listado de prestaciones y centros, así como el registro de profesionales sanitarios.
Según ha recordado Farjas, esta norma representa "todo un reto" ya que España recibe cada año 60 millones de turistas y cuenta con mucha población extranjera que reside de forma permanente. Prueba de ello, ha añadido, es que en 2012 hubo medio millón de ciudadanos europeos que usaron la tarjeta sanitaria de la UE.
Por su parte, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha dado la bienvenida a una directiva que llevaban esperando desde hace mucho tiempo ya que, además, pone los cimientos para el acceso a una historia clínica única y a la receta electrónica.
"Permitirá dar cohesión a la Unión Europea, y demostrar que ésta va más allá de los mercados y los mercaderes", ha apostillado.
