Epidemiólogos reclaman que la Agencia de Salud Pública este operativa en 2027 y medidas de protección a menores

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Infosalus
Publicado: miércoles, 18 noviembre 2026 13:39

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha reclamado que la Agencia Estatal de Salud Pública esté operativa en 2027 y que la próxima legislatura recupere las reformas pendientes para proteger a los menores frente al alcohol, el tabaco, la pornografía y la publicidad de alimentos no saludables, entre otras prioridades que considera necesarias incorporar al debate de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Tener una Agencia Estatal de Salud Pública en el papel no es suficiente. Necesita presupuesto y profesionales para coordinar la vigilancia y la respuesta ante las amenazas para la salud, y para no llegar tarde a la próxima crisis", subrayan desde la sociedad científica.

De cara a la próxima legislatura pide que se retome los compromisos que quedaron pendientes tras la disolución de las Cortes el pasado 6 de octubre, que hizo decaer varias iniciativas legislativas relacionadas con la salud pública. Entre ellas figuran la reforma de la ley del tabaco y la ley de prevención del consumo de alcohol en menores, cuya tramitación se encontraba en marcha, así como reducir las desigualdades en salud -incluidas las de género y las que afectan a las personas LGTBI+- y reforzar la respuesta frente al calor extremo, los incendios y la contaminación.

"La salud pública no puede quedar en pausa cada vez que cambia el calendario político. Muchas de estas medidas cuentan con un amplio respaldo científico y con años de trabajo detrás, y es necesario que formen parte del debate electoral. Todas estas medidas se deben retomar en la próxima legislatura, con recursos y metas que permitan comprobar sus resultados", señalan desde la SEE.

Respecto a la red estatal de vigilancia piden que conecte datos sanitarios, laborales, ambientales, sociales y demográficos, desagregados sistemáticamente por sexo y que permitan, con garantías de confidencialidad, el análisis por identidad de género y orientación sexual y la perspectiva interseccional (clase social, origen, discapacidad), con indicadores comparables entre comunidades, el certificado de defunción electrónico y un marco de protección de datos que permita el control y el análisis epidemiológico con garantías.

Además, propone que la Agencia cuente con una estructura específica de género y equidad en salud y con una composición equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y asesoramiento, en coherencia con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Por otro lado, en cuanto a tabaco y alcohol piden retomar las reformas donde se han quedado, para aprovecha el trabajo ya realizado para que no vuelvan a quedarse en el camino. En el caso del tabaco, reclama subir los impuestos, implantar el empaquetado neutro, ampliar los espacios libres de humo y aerosoles y regular los nuevos productos, como el tabaco calentado y otros dispositivos de nicotina.

Y en el caso del alcohol, propone una estrategia estatal de prevención que revise la fiscalidad, estudie precios mínimos, limite horarios, puntos de venta y publicidad, también en el entorno digital y en las bebidas 0,0, e incorpore un etiquetado sanitario. Ambas líneas de actuación deben acompañarse de tratamientos para dejar de fumar y de intervenciones desde Atención Primaria, diseñadas con perspectiva de género, así como considerar la relación entre consumo de alcohol y violencia de género.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y VACUNACIÓN

La protección de la infancia concentra buena parte de las propuestas. A los límites sobre el alcohol y el tabaco, la SEE suma la regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia, la evaluación de los comedores escolares, la presencia de profesionales de la nutrición en Atención Primaria y el fomento de la actividad física frente al sedentarismo y el uso excesivo de pantallas, la educación afectivo-sexual integral en todas las etapas educativas, la prevención del acceso temprano a la pornografía y de la violencia sexual digital y la protección del alumnado LGTBI+ frente al acoso escolar.

"Los entornos en los que crecen niños y niñas condicionan su salud durante toda la vida. Limitar su exposición al alcohol, al tabaco, a los nuevos productos de nicotina y a la publicidad de alimentos no saludables es una de las inversiones en salud más eficaces que puede hacer un país", apuntan desde la SEE.

En vacunación, la sociedad científica pide objetivos medibles, más confianza frente a la desinformación, la incorporación de las vacunas en las actividades de seguimiento a pacientes que tienen enfermedades crónicas, la búsqueda activa de personas de riesgo, la monitorización de coberturas desagregadas por sexo, la vacunación durante el embarazo y el desarrollo de sistemas como SIVAIN, otro proyecto de Real Decreto que ha quedado sin desarrollar, que permita compartir la información de los registros de vacunación entre comunidades autónomas.

El abordaje de las desigualdades en salud atraviesa buena parte de las propuestas. La SEE reclama que las decisiones sobre vivienda, empleo, ingresos, educación y protección social evalúen su impacto en la salud y la equidad, siguiendo el enfoque de "Salud en todas las políticas".

"La salud no se decide solo en los centros sanitarios. También depende de tener una vivienda adecuada, un empleo digno y unos ingresos suficientes. Por eso, las políticas de vivienda, trabajo o protección social deben tener en cuenta su impacto en la salud y en la equidad", destacan desde la sociedad científica.

Ese enfoque incluye la perspectiva de género, con datos desagregados por sexo en todos los sistemas de información, asegurar la salud sexual y reproductiva, la salud de las personas LGTBQ+ y la prevención de las violencias. Y en el ámbito laboral, donde la SEE pide integrar la vigilancia de la salud laboral en la salud pública, evaluar los riesgos psicosociales y climáticos con perspectiva de género, mejorar el reconocimiento de las enfermedades profesionales, especialmente en sectores feminizados, donde están infrarreconocidas, y atender la precariedad de colectivos como el empleo doméstico, los trabajadores de plataformas, los autónomos y la población migrante.

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