MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, se reunirá el próximo martes, 20 de octubre, con el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, a quien informarán del calendario de movilizaciones previstos y exigirán "toda la verdad sobre el retraso sostenido de la aprobación en Consejo de Ministros de la 'prescripción enfermera'.
Los enfermeros anunciaron este jueves la convocatoria de una "huelga inminente en toda España" si no es aprobado el real decreto que recoge 'la prescripción enfermera', tras conocerse que que finalmente no iba a ser aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.
Ante lo que consideran un "retraso de forma arbitraria e injustificada" --después de que el director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, anunciara a los enfermeros el pasado sábado que el Gobierno le daría luz verde este viernes--, habían solicitado una reunión urgente con el ministro de Sanidad "con luz y taquígrafos" para que se comprometa a su aprobación "inmediata".
Si esta petición no es "atendida de inmediato" o no hay una respuesta satisfactoria a la profesión, anunciaron que el sindicato SATSE convocará una huelga "avalada y respaldada por la Organización Colegial de Enfermería".
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE, "EN PELIGRO"
Ante esta situación, los enfermeros advierten, además, de que esta situación "va a afectar a toda la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes en el país en todos los servicios de salud" y, en primera instancia, la campaña de vacunación de la gripe se encontraría "en serio peligro" ya que estos profesionales apuntan que se verían en la exigencia de "ceñirse exclusivamente a aquellas actuaciones legalmente establecidas para el ejercicio profesional de los enfermeros".
Así, en cumplimiento de las leyes vigentes y del Código Deontológico de la Enfermería Española y "sin la aprobación de este Real Decreto", las enfermeras y enfermeros españoles advierten de que "no pueden realizar ninguna actuación terapéutica relacionada con el medicamento si no va a acompañada de una prescripción médica de forma oficial, es decir, con carácter individual y nominativo para cada paciente, y en la que se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de intervención".
De este modo, argumentan que no podrán vacunar directamente a los 22 millones de personas que cada año reciben su vacunación ya que los profesionales, sin este Real Decreto no pueden hacerlo al tratarse, las vacunas, de medicamentos sujetos a prescripción médica. Los pacientes tendrán que ir primero al médico para que éste les realice la correspondiente prescripción de la vacuna y, posteriormente, acudir a la enfermera para su administración.
"Esto es así --justifican-- porque, en aplicación de las leyes vigentes, si las enfermeras administraran directamente las vacunas, estarían cometiendo un delito de intrusismo profesional tipificado en el Código Penal, al tiempo que estarían también vulnerando el Código Deontológico de la Enfermería Española que establece que "la enfermera no debe aceptar el cumplimiento de una responsabilidad que no sea de su competencia".
De hecho, recuerdan que ya hay enfermeras inhabilitadas por prescribir medicamentos, y citan el ejemplo de una enfermera de la Comunidad Valenciana inhabilitada durante un año y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por haber administrado de forma autónoma un paracetamol a un paciente, sin prescripción médica previa, "a pesar de que dicho medicamento sí estaba indicado para dicho caso y no existió ningún efecto adverso derivado de la misma".
"FALTA DE RESPETO A LA SOBERANÍA POPULAR"
Finalmente, la Mesa de la Profesión Enfermera califica de "falta de respeto institucional del Gobierno hacia la Soberanía Popular representada por las Cortes Generales" por esta situación, ya que en diciembre de 2009 el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron por unanimidad la regulación para la indicación uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros, dando un mandato al Gobierno de la nación para que en el plazo de un año reglamentase por Real Decreto dicho proceso.
Posteriormente, recuerdan, el Congreso de los Diputados aprobó también por unanimidad tres Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a desarrollar el citado Real Decreto, como hizo también el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que agrupa al Ministerio de Sanidad y a las 17 comunidades autónomas, y cuenta con dictamen favorable del Consejo de Estado.
