MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería, SATSE, rechaza cualquier agresión cometida hacia los profesionales sanitarios y alerta de la probabilidad de que ocurran este tipo de incidentes "es mayor si la calidad de la atención que se ofrece al paciente disminuye por los recortes" que se están produciendo en el Sistema Nacional de Salud.
Su secretario general Alejandro Lagun ha señalado que una de las consecuencias de los recortes que están imponiendo las Administraciones sanitarias es una menor calidad en la atención al paciente, más esperas y menos recursos, "puede conllevar mayores niveles de ansiedad y que éste o algún familiar protagonice un altercado con los profesionales sanitarios, especialmente las enfermeras, al ser las más cercanas a ellos".
Con motivo del Día Nacional Contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se celebra este miércoles, el sindicato reitera que estas agresiones "afectan negativamente al funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto y a la atención que reciben los ciudadanos".
Bajo la máxima de "agredir a una enfermera nos perjudica a todos", ha puesto en marcha una campaña donde se recuerda que cualquier acto violento hacia un profesional supone un perjuicio, "en primera instancia, para el afectado, pero también para todas las personas que necesitan de su atención sanitaria".
"Cuando un profesional es agredido, también son agredidos el resto de ciudadanos que son atendidos por él y le necesitan, e incluso, aunque no lo quiera ver, el propio agresor, al romperse el principio de confianza que debe haber", afirma Laguna.
El portavoz sindical ha insistido en que, mientras sigan produciéndose este tipo de situaciones, SATSE continuará demandando una mayor sensibilidad a la sociedad e instando a los poderes públicos a que se castiguen penalmente las agresiones y a que garanticen la seguridad de los profesionales. De igual manera, pide a los profesionales que denuncien cualquier incidente que les haya ocurrido.
Por último, ha insistido en el hecho de que las distintas Administraciones públicas instauren los protocolos y actuaciones necesarias tanto para facilitar las denuncias como para asistir al profesional agredido.