MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse, ha remitido a los más de 270.000 profesionales que hay en España una encuesta para decidir si se declara persona 'non grata' al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y qué acciones quieren llevar a cabo en protesta por el Real Decreto que regula la llamada 'prescripción' enfermera.
El texto, que fue aprobado hace dos semanas por el Gobierno pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que pueda entrar en vigor, regula el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte de este colectivo y establece que, en el caso de los sujetos a prescripción médica, se requerirá previamente el diagnóstico y la prescripción de un facultativo.
Esta cuestión fue incluida "a última hora" por el Gobierno, según los enfermeros, que critican que esta "cacicada" supone un "grave perjuicio para el colectivo y la atención que se presta a los ciudadanos".
Por ello, plantean declarar al ministro persona 'non grata' y preguntan al colectivo si creen que podrán seguir realizando con la normalidad habitual todos aquellos procedimientos de su práctica diaria que conllevan el uso de medicamentos sujetos tras la entrada en vigor de dicha norma.
La mesa defiende que, en muchos casos, estarían actuando "en contra de la ley y su Código Deontológico, y estarían asumiendo una responsabilidad profesional que no le corresponde, con las pertinentes consecuencias ante un eventual daño que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil".
Además de la encuesta, cuyos resultados se conocerán dentro de unos días, la Mesa de la Profesión Enfermera sigue desarrollando las distintas acciones y medidas acordadas con el objetivo principal de "cambiar una norma que lesiona gravemente los intereses de la profesión y que repercutirá negativamente en la atención que, en la actualidad, se presta a los ciudadanos".
Tras reunirse con PSOE y Ciudadanos, ya tienen cerrada un encuentro con Podemos y han contactado con los consejeros de Sanidad y directores gerentes de los servicios de salud autonómicos para abordar con ellos la situación, al tiempo que están ultimando las acciones jurídicas en contra la decisión del Gobierno.
