MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El documento que han presentado los dos miembros del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, será la base para la aprobación de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.
Así se ha decidido con 155 votos, imponiéndose a los otro cuatro borradores presentados, de Más País-Equo (13 votos), Grupo Republicano (13 votos), PP (99 votos) y Ciudadanos (98 votos). Con este documento como punto de partida, ahora los partidos políticos deberán debatir qué medidas integran el texto final. El plazo para presentar enmiendas finaliza este lunes a las 15 horas, mientras que la votación de conclusiones se celebrará el próximo miércoles a las 11.30 horas.
En su texto, entre otras muchas medidas, los partidos que forman el Ejecutivo proponen elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, planes de contingencia para prevenir y abordar posibles situaciones de rebrotes de la crisis COVID-19 u otras circunstancias similares, así como una actualización de la legislación sanitaria nacional y autonómica para estar mejor preparados ante un posible rebrote o cualquier otra emergencia o epidemia, pero también con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, buscando acabar con la "temporalidad" y "precariedad" en los contratos.
En concreto, ven necesario revisar "con carácter urgente" el sistema de selección de sanitarios, en particular para las especialidades médicas, habilitando un sistema abierto y permanente que combine una prueba nacional periódica de competencias con una selección local por concurso, de adaptación a perfil y puesto, permitiendo que la mayoría de las vacantes se puedan reponer antes de producirse.
Defienden también "aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública" hasta alcanzar la media de médicos y enfermeros por habitante de los países desarrollados, así como poner en marcha un programa de atención a los profesionales con estrés postraumático tras el COVID-19.
El documento se centra en particular en la urgencia de reforzar la Atención Primaria como unidad encargada de la detección precoz de nuevos contagios por coronavirus, pero también para que pueda atender urgencias fuera del horario habitual, como medida para descongestionar las urgencias de hospitales.
PSOE y Podemos proponen establecer una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, EPI, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCI, respiradores automáticos, etc.), distribuido por el territorio, para prevenir su caducidad, y defiende que se priorice la compra de estos materiales a fabricantes españoles.
EL PP PIDE UN PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD
En su documento, expuesto por la exministra Ana Pastor, el PP ha propuesto 80 propuestas, como un nuevo modelo de financiación que "permita la sostenibilidad del sistema", protocolos coordinados en caso de rebrotes o más recursos a las residencias de mayores, "potenciando la asistencia sanitaria compartida". La principal propuesta, sin embargo, es lograr un pacto de Estado por la Sanidad, que han bautizado como 'Pacto Cajal'. A su entender, "ahora más que nunca todas las fuerzas políticas" deberían llegar a ese acuerdo, que ha defendido públicamente su presidente, Pablo Casado, estas semanas.
El principal partido de la oposición plantea "impulsar activamente la hospitalización a domicilio y los servicios comunitarios vinculados a la Atención Primaria" y "un plan de acción urgente frente a futuras pandemias" y en concreto, frente a un posible rebrote del coronavirus. Ante el "esfuerzo" que han realizado los profesionales sanitarios y personal de residencias, defiende una retribución extraordinaria.
Además, propone impulsar una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial, con una unidad específica de pandemias; y crear una Oficina de Atención a las Víctimas del COVID-19; también reforzar la estrategia de cronicidad; o incrementar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria con dotación tecnológica.
Ciudadanos, por su parte, ha coincidido con el PP en que "es el momento idóneo para llegar a un Pacto de Estado por la Sanidad". "Animo a que comencemos a trabajar en ello", ha comentado el diputado 'naranja' Guillermo Díaz, quien ha reclamado, entre otras medidas, reforzar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) porque "el virus no sabe de fronteras ni autonomías".
Otras de sus propuestas son un Portal de Transparencia del SNS, la tarjeta sanitaria única, la "despolitización" de la gestión sanitaria o mayor coordinación con la sanidad privada para "evitar duplicidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas". Uno de los aspectos en los que más ha incidido ha sido "exterminar la elevada temporalidad de los sanitarios", que a su juicio "afectan de forma grave" a la eficiencia del sistema sanitario. En este sentido, ha apostado por "reforzar" el ratio de enfermeros, que resulta "muy inferior" con respecto a la media de la Unión Europea.
En Atención Primaria, optan por "poner en marcha medidas que incrementen sus recursos financieros", llegando al 25 por ciento del total del presupuesto sanitario. "Hay que dotarla de prestigio, tiene que ser un destino deseable para los sanitarios", ha reclamado Díaz. En relación a los farmacéuticos, ha propuesto que puedan acceder a la historia clínica o continuar con la atención domiciliaria de fármacos que se ha producido durante la pandemia.
Más País-Equo ha coincidido en la necesidad de "cubrir los déficits" de la Atención Primaria, y ha instado a aumentar la financiación sanitaria hasta alcanzar el 7,5 por ciento del PIB, lo que supondría un aumento de 15.000 millones de euros en los presupuestos. De la misma forma, apuestan por un fondo de cohesión de al menos el 3 por ciento de la financiación del Sistema Nacional de Salud, dotado con 2.200 millones de euros. El Grupo Republicano también ha resaltado que "reforzar presupuestariamente el sector sanitario es lo importante" para que las comunidades autónomas "puedan desarrollar sus competencias", con el objetivo de llegar a la media europea en inversión.
