MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Las diferencia de gasto público por habitante entre comunidades autónomas en sanidad, educación y protección social se acerca al 60 por ciento, según el estudio 'Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades' del Ivie y la Fundación BBVA, presentado este lunes en Madrid, en el que se analiza el gasto en servicios públicos fundamentales en España desde 2002 a 2013.
Los autores aclaran que estos servicios objeto de estudio son actividades relacionadas con la prestación y gestión de servicios de salud --asistencia primaria, especializada y hospitalaria, salud pública, investigación clínica--, educación --infantil, primaria, secundaria, postsecundaria y superior, becas, servicios auxiliares de la educación-- y protección social --los derivados de la jubilación, la enfermedad e incapacidad, la edad avanzada, la protección a la familia, el desempleo, la vivienda, la exclusión social--.
"Las diferencias territoriales de gasto público no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos", ha afirmado el director de este informe, el catedrático de Análisis Económico de la universidad de Valencia, Francisco Pérez. A su juicio, esto es motivo de "preocupación" y "exige explicaciones".
Este catedrático advierte, no obstante, de que, pese a los recortes y a la crisis, el estado de bienestar en España "no se ha destruido" porque "al mismo tiempo que se han producido caídas importantes de recursos, también se ha hecho lo posible por preservarlos". Este "esfuerzo" se refleja, según los autores del documento, en el mayor porcentaje del PIB dedicado a los servicios públicos fundamentales, que ha pasado del 23 por ciento en 2007 al 28 por ciento en 2013.
El informe señala que la diversidad territorial del gasto público en servicios públicos fundamentales es "muy elevada" en España, así como la intensidad de los ajustes realizados y señala que el origen de estos últimos se encuentra la crisis económica y de las finanzas públicas. Debido a la "prolongada recesión", los ingresos públicos cayeron con fuerza y el gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales experimentó una reducción significativa en el período considerado (2007-2013).
GASTO EN PENSIONES ESTABLE
El trabajo pone de manifiesto que mientras el gasto en pensiones ha sido "estable", gracias en parte al fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado en 1994, la educación y la sanidad, en cambio, se han visto afectadas por la caída de ingresos fiscales de las comunidades autónomas, ya que son las que gestionan estos servicios directamente.
El gasto por habitante en servicios públicos fundamentales en 2013 va desde los 5.253 euros en Canarias a los 8.532 euros en Asturias --la media se sitúa en los 6.230 euros--. La distancia en el PIB regional dedicado a estos servicios es aún más elevada, ya que oscila del 19 por ciento de la Comunidad de Madrid al 43 por ciento de Asturias.
En educación, cuya competencia está transferida a las comunidades autónomas, el informe advierte de que la diferencia del gasto entre éstas alcanza los 55 puntos porcentuales. Así, Extremadura y Andalucía son las comunidades que más porcentaje del PIB dedican a educación (6,5% y 5,7%, respectivamente), mientras la Comunidad de Madrid y Cataluña son las que menos (2,6% y 3,4%, respectivamente).
Si se tiene en cuenta el gasto público por habitante en materia educativa, que de media en España se sitúa en los 915 euros, la Comunidad de Madrid aparece en último lugar con 791 euros, seguida de Islas Baleares (831). En el otro extremo: País Vasco (1.224 euros) y Navarra (1.107 euros).
DIFERENCIAS ANTES DE LA CRISIS
En cuanto al gasto sanitario, el estudio apunta que se ha reducido también en casi todas comunidades autónomas, situándose en promedio en 2013 a niveles de 2004 (1.357 euros per cápita). Antes y después de los ajustes el gasto por habitante en salud presenta diferencias sustanciales entre territorios, superiores a 30 puntos porcentuales. Asturias lidera esta tabla con 1.714 euros por habitante, seguida de País Vasco (1.621 euros). Andalucía, con 1.118 euros, y Baleares (1.275 euros) se sitúan a la cola.
El gasto en protección social, gestionado en su mayoría por la Administración Central y la Seguridad Social, y ligado a los derechos individuales generados por cada trabajador, difiere en un 87 por ciento según la comunidad autónoma. En algunas, como Asturias y el País Vasco, el gasto por habitante en protección social en 2013 casi dobla el de las situadas en los niveles más bajos, como Canarias: de los 5.751 y 5.516 euros per cápita, respectivamente, en las primeras, frente a 3.074 euros en la última.
INESTABILIDAD DEL ESTADO AUTONÓMICO
Pérez ha explicado que las principales diferencias de gasto en servicios públicos fundamentales no son un resultado de la descentralización, sino que ya existían antes debido a que el Estado no desplegaba de forma homogénea sus servicios en todos los territorios. No obstante, ha subrayado que la permanencia de las disparidades es una causa de la "inestabilidad del estado autonómico".
Así, las comunidades forales, que cuentan con más financiación, superan en más del 40-50 por ciento a las peor financiadas, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. "Esa diversidad de ingresos es decisiva para explicar la distinta capacidad de gasto: las comunidades con mayores recursos gastan más y ofrecen mejores servicios públicos", indican los autores del estudio.
FONDO PARA SANIDAD Y EDUCACIÓN COMO EL DE PENSIONES
El estudio señala reclama que se aborden cuatro cuestiones para solventar la bajada generalizada del gasto público en servicios públicos fundamentales. Por un lado, aconsejan horizontes financieros de medio y largo plazo, "definidos con prudencia" y acompañados por fondos de previsión como ocurre con el de las pensiones.
Asimismo, aconsejan que se promueva la lealtad institucional para que el conjunto de las administraciones compartan la "prioridad de estas políticas" al dotarlas de los fondos correspondientes. Para ello, señalan que España debe abordar "cuanto antes" un debate sobre qué nivel de gasto en servicios públicos resulta sostenible, "teniendo presente que se parte de un alto déficit público y de un endeudamiento público muy elevado".
La revisión de las diferencias territoriales de gasto que, a juicio de los autores, "cuestionan las políticas de igualdad de oportunidades" y la adecuación de los sistemas de financiación autonómica a los compromisos constitucionales de equidad interterritorial, completan las propuestas.
