MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Uno de los principales retos que debe abordar la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en materia de sanidad será el actual modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que la deuda que acumula con sus proveedores (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, etc.) asciende actualmente a unos 15.000 millones de euros.
Aunque las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades, los agentes del sector reclaman que sea el Gobierno central quien resuelva esta situación de morosidad a través de un plan de viabilidad que, por ejemplo, incluya un aval del Estado que "permita al tomador colocar la deuda en los mercados financieros", como ha propuesto el presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol.
Y es que los laboratorios farmacéuticos están siendo de los más perjudicados por la morosidad de las comunidades, que tardan en pagar por los medicamentos de uso hospitalario casi 470 días de media. "Y algunas están en más de mil días de retraso", aseguran.
También están viéndose afectados por la falta de pago las oficinas de farmacia, ya que la deuda con los boticarios asciende a más de 1.900 millones de euros y afecta al 70 por ciento de todos los establecimientos, según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
Esto ya ha provocado el cierre temporal de farmacias en señal de protesta en algunas comunidades como Castilla-La Mancha y, más recientemente, Comunidad Valenciana, y desde FEFE aseguran que, de continuar la situación, la población corre el riesgo de "quedarse sin los medicamentos que necesita".
REFORMA ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTOS FINALISTAS
Para revertir esta situación y "garantizar" la sostenibilidad del actual SNS en los próximos años, los agentes del sector piden una "reforma estructural" que incluya una financiación "finalista" de la sanidad y proteja los servicios y las prestaciones más básicas, como ha destacado el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín.
Por el momento, Rajoy ya avanzó en su discurso de investidura que era necesario un Pacto por la Sanidad y que su Gobierno abordará "las reformas necesarias" para mejorar la atención y la gestión del sistema sanitario público.
Sin embargo, ahora Mato debe concretar si en esta reforma tienen cabida los recortes y la tasa por receta que ha instaurado Cataluña o el catálogo priorizado de medicamentos que impulsó hace un año la Xunta de Galicia.
Según reconoce el presidente de los médicos, "antes de meter la tijera en el sector salud habría que reconsiderar un montón de partidas presupuestarias para mantener estructuras de todo tipo que, hoy por hoy, tienen escasa justificación".
Otro de los retos del Ejecutivo 'popular' será el de reducir las "fronteras sanitarias" que hay entre unas comunidades y otras, que ya ha dado lugar a algunos conflictos como el mantenido entre Cataluña y Aragón por la atención de los ciudadanos de La Franja (Huesca), o entre País Vasco y La Rioja por la de los habitantes de la Rioja alavesa.
LEYES PARA IMPULSAR O DEROGAR
En lo que respecta a la herencia legislativa que ha dejado el Gobierno socialista, los 'populares' ya han mostrado su intención de modificar la actual ley del aborto mientras que otras como la del tabaco, podría también modificarse después de que el nuevo presidente Mariano Rajoy admitiese durante la campaña electoral que le gustaba "más" la anterior norma.
Desde el pasado 2 de enero está prohibido fumar en todos los espacios públicos cerrados y en algunos al aire libre, como parques y lugares de ocio infantil, colegios y recintos hospitalarios.
La norma, impulsada por la anterior ministra del ramo Trinidad Jiménez, fue aprobada en septiembre de 2010 en el Congreso de los Diputados y entró en vigor en enero de este año, prohibiendo fumar en todos los espacios públicos cerrados y en algunos al aire libre, como parques y lugares de ocio infantil, colegios y recintos hospitalarios.
Las asociaciones médicas han aplaudido la reforma de forma unánime, mientras que los empresarios de la hostelería y el juego reclaman una nueva ley que compagine la salud pública con economía y empleo.
Asimismo, el nuevo Gobierno tendrá que decidir si seguir adelante con su compromisos electoral y reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo a fin de que se impida a las menores de edad abortar sin consentimiento ni conocimiento paterno y "para reforzar la protección del derecho a la vida".
¿'MORIRÁ' LA LEY DE MUERTE DIGNA?
Por otro lado, el nuevo Gobierno también tendrá que decidir qué hacer con el anteproyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, conocida como la ley de muerte digna, que no pudo completar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Médicos y enfermeros han insistido en la importancia de un texto que regule de forma "básica y definitiva" los derechos de los pacientes en fase terminal, como reconoció Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería.
"Aunque haya ya algunas regulaciones autonómicas, resulta imprescindible que exista una ley básica para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y para que todos los profesionales estén trabajando bajo los mismos criterios", ha señalado.
A NO SEGUIR ENGORDANDO
Además, el nuevo Gobierno debe hacer frente a diferentes problemas de índole sanitaria como el incremento de la obesidad infantil, ya que España se ha convertido en el país del mundo con más niños obesos por delante de Estados Unidos, según recientes estudios.
De hecho, Sanidad presentaba un estudio a finales de junio donde se concluía que casi la mitad (45%) de los niños españoles con edades entre los seis y los nueve años tienen problemas de peso, sufriendo un 26 por ciento de ellos sobrepeso y un 19 por ciento obesidad.
En aquel momento la ministra del ramo recordaba que la obesidad y el sobrepeso infantil en España es "un problema de salud pública importante", que "sigue creciendo", como ocurre en el resto de Europa.
Y, con el objetivo de reducir estos datos, anunciaba su intención de proponer la puesta en marcha de "medidas concretas" que ayudarán a incentivar el consumo de los alimentos más saludables y desincentivar el de los más perjudiciales para la salud, es decir, aquellos con mayores cantidades de sal, de azúcares o de grasas trans, entre otros.
