MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo registró en el último año un total de 595 expedientes de queja en el área de Sanidad, y los motivos más frecuentes fueron entre otros las diferencias entre comunidades, los problemas de muchos pacientes para recibir atención sanitaria cuando estaban en una comunidad distinta a la que residen y la existencia de amplias listas de espera.
Así se desprende del informe de la Institución de 2011 presentado en el Congreso, que muestra como la mayoría de estas quejas (573) fueron individuales.
En concreto, las quejas formuladas inciden fundamentalmente, según asegura el Defensor del Pueblo, en cuestiones relativas a la gratuidad de la asistencia, la información y documentación clínica, la ordenación de las prestaciones sanitarias, las demoras en la prestación de la asistencia sanitaria, la salud mental, la práctica profesional y la prestación farmacéutica.
En todos los casos, ha explicado, "subyace la percepción de que el acceso a las prestaciones sanitarias, independientemente del lugar de residencia, no se efectúa en condiciones de igualdad efectiva".
Esta desigualdad se ha puesto de manifiesto en los problemas de muchos pacientes con enfermedades crónicas y sometidos a un estricto tratamiento farmacológico que, en sus desplazamientos temporales fuera de su comunidad de residencia, no han podido acceder a "medicamentos que ineludiblemente precisan". Y, asimismo, en limitaciones en el acceso a consultas de atención especializada.
Esto se debe, según informa la Institución, entre otras cosas, a la "todavía insuficiente" implantación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Sistema Nacional de Salud, y especialmente, la expansión de la historia clínica digital y la consolidación de historias clínicas y recetas electrónicas compartidas por todos los servicios de salud.
Del mismo modo, también consideran "insuficiente e incompleto" el desarrollo e implantación de determinados instrumentos necesarios para lograr sistemas de información compartidos por todos los servicios de salud.
DIFERENCIAS "CADA VEZ MAYORES" EN LAS CARTERAS DE SERVICIOS
Además, el Defensor del Pueblo también considera "representativas" las quejas sobre "diferencias cada vez mayores" en las carteras de servicios de las comunidades, sobre todo en el acceso a procedimientos de diagnóstico genético preimplantacional y a técnicas de fecundación 'in vitro' con selección embrionaria.
Asimismo, y respecto a la actualización y ampliación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, han formalizado diversas quejas cuyo denominador común incide en la necesidad de incluir en dicha cartera las prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a tratamientos de quimioterapia.
En lo que respecta a las listas de espera, las quejas del Defensor del Pueblo critican la demora en obtener cita en consultas externas, pruebas y técnicas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas programadas, lo que de hecho es "la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública".
Alguna de las quejas en este ámbito ponen de relieve disfunciones en la gestión de las listas de espera, como consecuencia de la práctica de agendas cerradas, que se traducen en la existencia de pacientes en espera incluso de que se les asigne la fecha en la que podrán ser atendidos.
DEMORA EN EL ACCESO DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
El informe ha destacado además que "siguen siendo frecuentes las quejas sobre amplias demoras en la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida".
En Atención Primaria, las quejas recogen problemas relativos a la obtención de información y documentación clínica, demoras para acceder a consultas de centros de salud, déficit de profesionales sanitarios, dificultades para ejercer la libre elección de centro y disconformidad con estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad temporal.
En materia de seguridad de los pacientes, el Defensor del Pueblo lamenta que las medidas de prevención existentes en la actualidad no parecen haber alcanzado un nivel satisfactorio, sobre todo si se tiene en cuenta que, "en no pocas ocasiones, las administraciones sanitarias se limitan a formalizar escuetas resoluciones, sin investigar siquiera las circunstancias concurrentes en la atención sanitaria objeto de reclamación".
"Sólo una parte de las reclamaciones de los afectados culmina con acuerdos de indemnización económica por daños y perjuicios o por procedimientos de responsabilidad patrimonial", explica la Institución.
