Las pastillas tenían una sustancia prohibida desde 2010 por la Agencia Española del Medicamento por riesgos cardiovasculares
MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil de Madrid, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han llevado a cabo, en el marco de la denominada 'Operación Moscardó', el desmantelamiento de un grupo organizado compuesto por seis personas y lideradas por un médico profesional, que elaboraba y distribuía fórmulas magistrales prohibidas para adelgazar.
Según ha informado en rueda de prensa el jefe de Sección del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el capitán Sierra, la Benemérita comenzó las investigaciones tras la denuncia de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con el apoyo técnico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
El origen era un informe del Instituto de Toxicología relativo a la composición de determinadas pastillas que habían sido dispensadas a una paciente hospitalizada en el Hospital La Paz, donde permaneció ingresada 15 días tras la ingesta de estos medicamentos diuréticos y estar con pérdida de conciencia una semana.
Durante casi un año, la investigación se ha llevado a cabo con distintas gestiones que ha llevado a la Guardia Civil a desmantelar este grupo que tenía como "tapadera" la clínica del doctor que lideraba la trama, ubicada en Madrid capital, y que dispensaba y distribuía material sin hacer ningún tipo de análisis a sus pacientes.
De nacionalidad española pero origen argentino, este doctor, de unos 50 años, junto con el resto de detenidos están acusados de un delito contra la salud pública al conseguir de forma fraudulenta y fuera de los canales autorizados (farmacias o laboratorios de hospitales), adquirir, prescribir, almacenar, re-envasar, etiquetar y distribuir cápsulas que constituían fórmulas magistrales contra la obesidad.
UNA SUSTANCIA PROHIBIDA DESDE 2010
Estas eran introducidas desde terceros países y contenían medicamentos prohibidos, psicotrópicos, antidepresivos y laxantes. Además, algunos de los compuestos suministrados contenían sibutramina, una sustancia cuya comercialización se encuentra suspendida por la Agencia Española de Medicamentos desde enero de 2010 debido a los riesgos potenciales que conlleva su gestión.
Según el capitán Sierra, provoca riesgos cardiovasculares que, si bien no tienen por qué conducir a la muerte, depende de la persona que lo ingiera, las consecuencias pueden variar. De momento, cuatro personas han sido hospitalizadas por este motivo y entre 20 y 30 pacientes tuvieron efectos secundarios, como sequedad de boca o piernas nerviosas.
El médico tenía su clínica, cuyo nombre era el del doctor, y, aunque de momento se desconoce a cuántas personas ha podido afectar sus tratamientos, la Guardia Civil piensa que la clínica contaba con entre 450 y 500 pacientes, que pagaban al mes entre 60 y 80 euros por un bote de 28 pastillas. El perfil del paciente era mujer de entre 25 y 45 años.
Estas podían llegar a adelgazar hasta 8 kilos al mes, y la manera en la que el médico se dio a conocer fue el boca a boca, porque no existía publicidad ni en medios ni en Internet. En este sentido, la manera de comunicación la tenían muy controlada y, por ejemplo, el médico nunca distribuía el material en la clínica sino que lo hacía por mensajería o a través de terceras personas.
ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA
La red estaba perfectamente jerarquizada y estructurada: El médico que prescribía las sustancias; otra persona hacía de administradora de la empresa; otro distribuía y entregaba las fórmulas magistrales en la zona de la Comunidad de Madrid y realizaba envíos mediante empresas de mensajería a provincias limítrofes de la Comunidad; y otro se encargaba de la gestión de los paquetes así como de confeccionar los contratos de los inmuebles donde almacenaban la sustancias.
Otras dos personas ejercían labores de distribución a pequeña escala y a elaborar las fórmulas magistrales prohibidas. A las víctimas, tras una primera consulta presencial en la que no pasaba ningún tipo de control médico, se les prescribía y facilitaba el tratamiento, tras el abono de una cierta cantidad de dinero.
Posteriormente, los tratamientos se solicitaban por teléfono al médico que los había prescrito. Algunas de las víctimas, tras tomar la sustancia y tener que ser hospitalizadas, comunicaban al médico que se las había recetado los efectos adversos que les producía. Este manifestaba que eran síntomas normales y que, si querían, cambiaba el tratamiento por otros más suaves, sin coste adicional alguno.
EN LIBERTAD
Los detenidos e imputados son D.S.L.R., A.L.C.S., L.A.C.G., M.R.T, F.L., y J.B.Z, cuatro varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 39 y 56 años de edad. Uno es de nacionalidad colombiana, otro ecuatoriano, otro lituano y el resto, españoles de origen argentino.
Pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad. Ahora están pendientes de que continúe la investigación. Además, la clínica en la que trabajaba el doctor no ha sido clausurada. Durante la desarticulación el grupo también se ha sabido que el cabecilla era la pareja de su administradora, también implicada, y que cambiaban de domicilio con frecuencia.
En total, se han efectuado cinco registros donde se han hallado más de 2.200 envases que contenían una sustancia importada, probablemente de China --se sabe que proceden de países fuera de la Unión Europea--, más de 60.000 cápsulas de las utilizadas en las 'fórmulas magistrales prohibidas, además de seis soportes informáticos, botes, etiquetas y diverso material para la preparación de pedidos.
Durante los registros, también se hallaron en el domicilio del cabecilla 36.000 euros en metálico (en billetes de 200 y 500 euros), que estaban ocultos en cajones y colchones, además de un vehículo. También registraron un taller donde se reparaban máquinas de fotodepilación y se practicaban estas técnicas y el trastero donde el grupo guardaba todo el material y que estaba ubicado en un inmueble distinto al de la clínica.
ALERTA A LA POBLACIÓN
Las víctimas o perjudicados por los hechos descritos pueden dirigirse a la Guardia Civil a través del correo electrónico m-cmd-madrid-seprona-equipo@guardiacivil.org. La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha alertado a la población porque "especialmente en la época de verano" se puede producir este tipo de fraudes.
En este sentido, la delegada madrileña ha hecho un llamamiento a la sociedad para que "extremen la precaución" porque es "fácil" que haya personas o redes desaprensivas que se aprovechan de las personas que quieren adelgazar y no solo les estafan sino que ponen en riesgo su salud".
