MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el decreto que regula las ayudas para 130 personas víctimas de la talidomida, reconocidas tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid.
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación Del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Con esta medida, según señalan fuentes del departamento de Ione Belarra a Europa Press, se "logra dar una respuesta a los afectados tras décadas de reivindicaciones".
Este decreto, añaden, busca "hacer justicia" con los afectados en España, "uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo, y regula para ello una serie de ayudas económicas".
El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).
La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó gravísimas malformaciones connatales que fueron conocidos en los afectados a partir de 1961.
Hasta la fecha, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009. "Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida", señalan desde Derechos Sociales.
Para determinar las ayudas que ahora se aprueban se han realizado más de 600 análisis complejos. En el proceso, genetistas del Sistema Nacional de Salud, "sin participación de la industria farmacéutica ni de empresas privadas", han diseñado un panel de genes único en el mundo.
