MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha celebrado el primer año de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que recoge el derecho a solicitar ayuda para morir en caso de enfermedad grave e incurable o padecimiento grave crónico e imposibilitante, que provoquen un sufrimiento constante e intolerable, si bien ha reprochado las diferencias territoriales que hay.
"A lo largo de este año hemos escuchado muchos casos de personas agradecidas por poder adelantar su muerte y no tener que vivir en circunstancias que no deseaban. Contar con este derecho aporta mucha tranquilidad", ha explicado el presidente federal de DMD, Javier Velasco.
Durante este año, la organización ha recibido cientos de consultas sobre la nueva ley y ha asesorado a muchas personas para tramitar su solicitud. A la espera del informe anual del Ministerio de Sanidad, los datos recabados por la asociación muestran que la ley se está desarrollando a "diferentes velocidades" y "con demasiados obstáculos" en algunas comunidades.
Entre las comunidades donde mejor funciona la eutanasia están Cataluña, Navarra y País Vasco. Las tres comparten elementos comunes: empezaron a trabajar pronto la implementación de la ley, han formado a muchos profesionales, revisan a menudo sus procedimientos, han designado personas de referencia para asesorar a los profesionales sanitarios que tienen dudas y, además, sus Comisiones de Garantía y Evaluación (CGE) no solo autorizan o rechazan peticiones de ayuda para morir, sino que ejercen de organismo de consulta.
En el "otro extremo" destacan Madrid y Andalucía. Fueron las últimas en crear su CGE (se retrasaron hasta octubre y noviembre, respectivamente), un organismo imprescindible para tramitar eutanasias, privando durante meses a su ciudadanía de este derecho. Ambas comunidades, a juicio de DMD, deben desarrollar el modelo de referentes para apoyar a los profesionales, formar a más sanitarios e impulsar los protocolos en Atención Primaria, hospitalaria, residencias y sanidad privada que están dando buenos resultados en otras autonomías.
Según los testimonios de los profesionales que han participado en eutanasias durante este primer año, hacerlo es una experiencia intensa pero muy gratificante. Ayudar a morir bien siempre ha sido uno de los pilares de las profesiones sanitarias.
Aún no hay suficientes datos sobre la incidencia de la objeción de conciencia, pero DMD ha conocido "multitud" de casos donde esta no se debe a una oposición a la eutanasia sino a la falta de apoyo de las administraciones. "Es un derecho de la ciudadanía y la obligación de los gobiernos autonómicos es facilitar que se pueda ejercer. Ninguna de las medidas que han tomado las comunidades donde sí funciona exige grandes cambios en la organización del sistema sanitario. Es, sobre todo, una cuestión de voluntad política", ha zanjado Velasco.
