MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, ha recomendado a los ciudadanos que se aseguren de que el dentista que les va a tratar está colegiado y, por tanto, capacitado para ejercer legalmente la Odontología, después de la condena a una protésico e higienista dental por dos delitos de intrusismo profesional en Santa Cruz de Tenerife.
"Los protésicos dentales no pueden manipular la boca de los pacientes, ya que su función es la de fabricar las prótesis dentales, siempre por prescripción del dentista, a quien le corresponde su colocación y adaptación", recuerda el máximo representante de la Organización Colegial.
En concreto, el Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a una protésico e higienista dental por dos delitos de intrusismo profesional. La acusada, propietaria de una clínica dental en El Puerto de la Cruz, realizaba funciones propias de un dentista sin poseer el correspondiente título académico.
Según dicta la sentencia, la acusada pudo abrir la clínica dental "al contar con personal propio con titulación académica de odontólogo". Asimismo, se indica que "en la citada clínica, no solo realizaba el trabajo específico de confección de prótesis, sino que también tomaba medidas y colocaba las prótesis, realizando diagnósticos, extracciones y tallados de piezas dentarias, funciones para las que no se encontraba facultada, al ser actos exclusivos de las personas tituladas en Odontología". Por todo ello, estos hechos son constitutivos de un delito penal de intrusismo profesional.
En el procedimiento ha quedado acreditado que la acusada, entre diciembre de 2007 y enero de 2012, atendió a una paciente realizando actos de manipulación en su boca, "actos propios de un odontólogo", según se recoge en la sentencia, y quedando dicha paciente "insatisfecha con el tratamiento".
También son hechos probados que, en 2012, la protésico dental atendió a otro paciente, "examinando y manipulando su boca e informándole del tratamiento y presupuesto de la prótesis necesaria". Tras aceptar el presupuesto, "es la propia acusada la que toma directamente las medidas en la boca", para, posteriormente, realizar la colocación de la prótesis y dar por finalizado el tratamiento.
Finalmente, el Juzgado ha condenado a la acusada a pagar una multa de 6 euros diarios durante 3 meses por cada uno de los delitos, al contemplar la circunstancia atenuante de dilación indebida muy cualificada, tras haber pasado más de ocho años desde la incoación de la instrucción, y al pago de las costas procesales. Frente a la presente sentencia cabría interponer recurso de apelación.
En el marco de este procedimiento, la acusada fue condenada, en 2016, por el Juzgado de los Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife, por otro delito de intrusismo profesional.
