MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, vuelve a insistir en que determinados dirigentes de algunos Colegios de Protésicos Dentales, como los de Andalucía y Extremadura, fomentan el intrusismo profesional entre sus propios colegiados mientras ellos se libran de las multas.
De hecho, tal y como ha comentado, en la página web del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Extremadura se califica a los laboratorios como "establecimientos sanitarios de fabricación, distribución y venta" a semejanza, por ejemplo, de las ortopedias o las ópticas.
"Una información falsa, ya que los laboratorios de prótesis no tienen legalmente la consideración de establecimientos sanitarios. El dentista es el único profesional con atribuciones legales para prescribir una prótesis, tomar las medidas y adaptarla en la boca del paciente", ha dicho Castro.
Por otra parte, prosigue, hace unos meses el Colegio de Protésicos Dentales de Andalucía intentó responsabilizar al Consejo General de Dentistas y a las autoridades sanitarias del escándalo de iDental "por dejación de funciones", acusando a la Organización Colegial de anteponer sus intereses económicos sobre la salud de los pacientes.
"Como consecuencia de la campaña orquestada por el citado Colegio, se detectó un incremento del número de protésicos dentales que se ofrecían para finalizar los tratamientos iniciados en iDental, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos", ha añadido.
Ahora bien, a pesar de ello, Castro Reino ha asegurado que afronta este año de forma optimista. "Lo más probable, es que para 2020 ya no exista el intrusismo profesional en Odontología. En parte, la desaparición de esta lacra se la debemos a algunos protésicos dentales quienes, por voluntad propia y haciendo caso omiso de la normativa vigente, están cometiendo delitos de intrusismo profesional por los que posteriormente son condenados", ha dicho.
Finalmente, ha avisado de que desde la Organización Colegial de Dentistas se continuarán realizando las acciones oportunas ante todas las instancias competentes para conseguir que se tomen las medidas pertinentes y se "endurezcan" las penas por intrusismo profesional que, en este ámbito, debería ser considerado como un delito contra la salud pública.
