MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Dentistas de España ha denunciado este jueves la estrategia que están siguiendo diversos grupos de presión, sostenidos por fondos de inversión, que mantienen contactos con dirigentes políticos como si fueran los representantes de la profesión con el fin de sacar beneficio económico de una hipotética ampliación de la cartera de servicios de salud bucodental.
Así lo ha señalado el Consejo General de Dentistas en un comunicado en el que explica que estas empresas establecen contactos con políticos y les presentan informes con datos "supuestamente fidedignos" para instar al Gobierno a apostar por un modelo público-privado donde la asistencia bucodental se preste en centros privados.
Según han señalado los dentistas, este problema se ve agudizado por la falta de dentistas en la sanidad pública, puesto que la plantilla que trabaja actualmente en el sistema público es "totalmente insuficiente", al rebasar por poco los 1.000 profesionales para atender a más de 47 millones de ciudadanos.
Así, el Consejo General ha expresado su rechazo a la estrategia seguida por estos grupos de presión y ha defendido que la salud bucodental "jamás" debe ser un negocio que pierda de vista al paciente. Por ello, ha abogado por la contratación de más profesionales en los servicios de salud públicos y ha insistido en que la Organización Colegial de Dentistas es quien ostenta la representación de la profesión en España.
En este sentido, el Consejo General de Dentistas ha recordado los escándalos que han protagonizado en los últimos años empresas como Vitaldent, Dentix o iDental, que han sido objeto de investigación por parte de nuestra Audiencia Nacional.
Por este motivo, ha subrayado la importancia de la correcta aplicación de la Ley de Sociedades Profesionales, para que el control de la toma de decisiones de una clínica dental esté en manos del dentista y, por consiguiente, bajo el código ético y deontológico de la profesión.
Con todo ello, ha ofrecido su colaboración al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos para analizar la situación real de cada territorio y ofrecer soluciones plausibles, reiterando que estas tienen que protagonizarlas los profesionales y no los fondos o empresas que tienen otro tipo de intereses.
