MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo se ha comprometido a actuar de urgencia ante las quejas que reciba sobre los recortes de las prestaciones sanitarias en las mutuas Muface e Isfas, que están impidiendo a muchos funcionarios, policías y militares mantener sus tratamientos contra el cáncer y otras patologías graves con el consiguiente "agravamiento" de su enfermedad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la Asociación de afectados por los recortes han mantenido un encuentro con la Defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferré, en el que le expusieron la situación que atraviesa este colectivo.
Estos recortes, según denuncian, están causando retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.
Ante esta situación, la Defensora del Pueblo adjunta ha ofrecido actuar de urgencia tramitando los casos que le hagan llegar las organizaciones a través de un modelo de queja individual, para facilitar la gestión a los ciudadanos afectados.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CSI-F, Eliseo Moreno, ha destacado la necesidad de que el Gobierno "recapacite" y evite que estos trabajadores no sean tratados como "ciudadanos de segunda".
"Aprovechando el Debate sobre el estado de la Nación queremos recordar a Rajoy que nosotros también somos Nación. Queremos que haga una propuesta en la que se incluya la mejora de la financiación de Muface con un plan de viabilidad a varios años y que, de forma urgente, se recupere toda la oferta sanitaria que en Muface e Isfas se ha perdido desde el uno de enero 2015", ha reivindicado.
Por su parte, el secretario general de la CEP, Antonio Labrado, ha señalado que existen pacientes que están sufriendo "retrasos" en las pruebas diagnósticas en casos "sangrantes" y a los que se están "denegando" autorizaciones para recibir algunos tratamientos. "Hay que decir ya basta", ha arremetido.
En este sentido, el secretario de relaciones institucionales de la AEGS, Raúl Lobato, ha expresado que en el caso de la guardia civil tiene más incidencia ya que "gran parte del despliegue" de agentes se da en el medio rural, con lo que "se agrava más la situación", ya que se tienen que desplazar a ciudades próximas para dar continuidad a sus pruebas sanitarias.
Por último, un afectado por el recorte sanitario en Muface, David Herráiz, ha expresado que supone "un palo muy duro" que a muchos pacientes que estaban siendo tratados por un cáncer el sistema sanitario les haya cambiado de un día para otro su oncólogo con la "confianza" que la persona deposita en este especialista. "Supone un obstáculo más en el camino de superar el cáncer", ha lamentado.
