MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha pedido que las administraciones públicas aceleren el aumento de los recursos destinados a los servicios de atención a la salud mental debido, especialmente, a los efectos psicológicos que la pandemia del coronavirus está teniendo en la población.
"Ese incremento de recursos y de atención lleva pendiente años y, por tanto, las actuales circunstancias han de servir para acelerar los objetivos preexistentes", ha dicho la organización en su 'Informe Anual' relativo al ejercicio 2020.
Y es que, la institución ha recibido los testimonios de algunos de esos pacientes con enfermedad mental crónica y de sus familiares que están "muy preocupados" con el agravamiento de su estado de salud y, en especial, con la interrupción de sus tratamientos, con la cancelación de citas médicas, "ya de por sí muy espaciadas en el tiempo".
Asimismo, y más allá de la actuación general sobre protocolos aplicados en esta materia en las distintas comunidades, se tramitó alguna queja como, por ejemplo, la presentada por el padre de una paciente ingresada en un centro psiquiátrico concertado en Zaragoza, que no podía visitar a su hija desde hacía meses, como sí podían hacer los familiares de otro tipo de pacientes en centros hospitalarios o sociosanitarios.
El informe recibido del departamento de Sanidad de Aragón señalaba la situación epidemiológica comprometida del centro, por contagios en usuarios y profesionales. No obstante, tal y como ha informado el Defensor en el informe, se aclaraba que la paciente sí había podido salir puntualmente con su padre para hacer determinadas gestiones, además de usar regularmente el teléfono, y estaba prevista en ese momento una salida terapéutica de quince días.
En otro orden de asuntos, se siguió una actuación con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre la articulación de un procedimiento para el ejercicio del derecho a libre elección de especialista en esa comunidad autónoma, concretamente ante la petición de un paciente de ejercer ese derecho con respecto a su profesional psiquiatra.
La institución había recomendado a esa administración a finales de 2019 impulsar, a la mayor brevedad posible, la aprobación de la norma de desarrollo del artículo 38 de la Ley de Castilla y León 8/2003, de 8 de abril, en materia de libre elección de médico y centro sanitario.
La consejería informó que no estaba previsto, y que tendría en cuenta en el futuro la recomendación, pero seguiría empleando las previsiones de las normas estatales que regulaban el extinto Instituto Nacional de la Salud, es decir el Real Decreto 1575/1993, de 10 de septiembre, por el que se regula la libre elección de médico en los servicios de atención primaria, y el Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, sobre libre elección de médico en los servicios de atención especializada.
Aclaraba que, en materia de cambio de psiquiatra, se atendían igualmente las peticiones de los pacientes buscando el mayor beneficio para ellos. En este sentido, el Defensor ha recordado que las normas estatales aplicables al Instituto Nacional de la Salud están "desactualizadas" y no recogen los progresos alcanzados en materia de autonomía del paciente en estas décadas (19012679).
ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Por otro lado, la organización recibió el pasado 27 de marzo de 2020 una comunicación de la subsecretaría del Ministerio de Sanidad, aportando un breve informe de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, en respuesta a la recomendación dirigida en diciembre de 2019 a la entonces titular de aquel departamento ministerial.
El informe de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, fechado el 13 de marzo, aceptaba la recomendación sobre la suficiencia de recursos para la atención psicológica en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Además, se tomó en consideración, para su inclusión en el orden del día de una próxima Comisión de Salud Pública, cuyas conclusiones a se podrán elevar en el siguiente Consejo Interterritorial del SNS.
Sin embargo, el Defensor ha señalado que en estos meses de emergencia sanitaria todos los esfuerzos y recursos han estado dirigidos a hacer frente a la pandemia, por lo que, a su juicio, "cabe deducir que no se ha producido ningún avance significativo en el seno del Consejo Interterritorial de Salud".
Del mismo modo, la organización fue informada en el mes de mayo de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) de España, para poner en marcha un teléfono de atención psicológica para prestar apoyo asistencial a las personas con dificultades derivadas de la covid-19, a partir del 31 de marzo.
A cargo de profesionales con experiencia, la finalidad de esa iniciativa era desarrollar un sistema de apoyo y primera atención psicológica, orientado al manejo del estrés y situaciones de malestar derivados de la pandemia, con especial atención a los profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia como sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Policía Local, entre otros.
"Según diversas informaciones, la demanda de atención psicológica se ha incrementado mucho con carácter general, lo que ha tenido que hacer más evidente las insuficiencias del sistema sanitario público a este respecto, más allá de las valiosas iniciativas profesionales desarrolladas en el peor momento de la crisis durante la primavera", ha detallado la institución en el informe.
Por todo ello, en seguimiento de la recomendación general formulada, ha solicitado al Ministerio de Sanidad información sobre si el refuerzo de la atención psicológica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud ha sido abordado en los grupos de trabajo y las reuniones mantenidas por el Consejo Interterritorial durante estos últimos meses, o las previsiones a este respecto.
Finalmente, ha pedido igualmente la información disponible sobre los resultados de la iniciativa de apoyo psicológico 'Informe anual del Defensor del Pueblo 2020', emprendida en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, en el contexto de la emergencia sanitaria.
