MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo acumula ya "algunas peticiones" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real-Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que, entre otros recortes, retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes empadronados que se encuentren en España en situación irregular.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, los servicios jurídicos del Defensor del Pueblo analizarán las peticiones registradas para dirimir si hay o no inconstitucionalidad en la norma y obrar en consecuencia, ya que la Institución tiene competencia para acudir directamente al Tribunal Constitucional.
Con todo, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, dispone de tres meses para plantear el posible recurso de inconstitucionalidad que empezaron a contar el pasado 24 de abril, por lo que aún hay plazo para que la Institución reciba y analice nuevas peticiones de recurso.
Una de ellas podría ser del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que tras estudiar a fondo el Real Decreto del Gobierno concluyó que podría ser inconstitucional porque pretende modificar leyes orgánicas, los estatutos de autonomía de distintas comunidades autónomas que, como Cataluña, Andalucía o País Vasco, reconocen el derecho a la sanidad a todos los habitantes del territorio, al margen de su situación administrativa.
Precisamente este ha sido el argumento esgrimido por el Gobierno del País Vasco, cuyo 'lehendakari', Patxi López, ha anunciado que recurrirá al Constitucional por entender que los recortes en Sanidad, así como los de Educación aprobados por el Ejecutivo, "invaden el autogobierno vasco" al tocar asuntos recogidos en su Estatuto y "rompen el principio básico de igualdad y universalidad" en el acceso a los servicios públicos esenciales.
La Generalitat de Cataluña, por su parte, también ha acusado una invasión de competencias y un afán de "recentralización" en el Gobierno, así que ha iniciado los trámites para presentar su propio recurso, enviando el decreto al organismo asesor que analiza la compatibilidad de la normativa estatal con el Estatuto de Autonomía (Consell de Garanties Estatutàries) a fin de que analice si hay o no inconstitucionalidad y, en su caso, prepare el argumentario.
En el caso de Andalucía, que se encuentra inmersa en un proceso de renovación de gobierno tras las elecciones autonómicas, aún no se han anunciado medidas concretas, pero la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha afirmado que los servicios jurídicos de la Junta están "estudiando con detenimiento" el posible recurso y que este asunto será "uno de los primeros que se pongan sobre la mesa" del recién conformado Consejo de Gobierno.
Desde la sociedad civil, además de movilizaciones y actos de protesta contra los recortes en general, FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una iniciativa para promover otro recurso de inconstitucionalidad, habilitando en su página web un apartado en el que los internautas pueden enviar un escrito a diputados y senadores pidiéndoles que hagan grupo y recurran la nueva norma. En la actualidad, cincuenta parlamentarios bastan para instar un recurso de este tipo.
