MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio ante los Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y prevé ampliarla con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las comunidades autónomas y los municipios ante el aumento de la publicidad de anuncios de casas de apuestas, según ha informado la institución.
En este sentido, ha alertado del peligro que puede suponer, para la población en general y para los jóvenes en particular, la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de casas de apuestas.
En su opinión, el fenómeno de la difusión sin control del juego, y muy en especial si los jugadores son menores de edad, tiene características similares a las del consumo del tabaco o de drogas.
Por ello, detalla que quiere tener más datos sobre este fenómeno y las posibilidades de una intervención más decidida de los poderes públicos respecto de los derechos del menor y de las limitaciones publicitarias, ya presentes en la legislación sobre comunicación audiovisual. La Institución también considera necesario que los poderes públicos estudien más a fondo los efectos de la proliferación de establecimientos de acceso al público.
El Defensor añade que ha recibido quejas por la publicidad constante y continua en la televisión y medios online de anuncios de casas de apuestas y señala que muchos de los ciudadanos que se han dirigido a la institución sostienen que, al igual que con el tabaco, existe un problema grave en España sobre la ludopatía, relacionado con este tipo de publicidad, que no solo perjudica gravemente la salud del que juega, sino además a su familia y entorno.
El Defensor del Pueblo recuerda que los poderes públicos están obligados por mandato constitucional a facilitar que el ocio sea utilizado en forma adecuada (artículo 43 de la Constitución).
Además, la 'Estrategia Nacional de Adicciones' incluye actuaciones frente a la adicción a las nuevas tecnologías y al juego. En esta línea, la Ley General de la Comunicación Audiovisual que protege especialmente los derechos del menor y la Ley de regulación del juego, tiene entre otros fines prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos.
