MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el documento que ha hecho el Ministerio de Sanidad para una Consulta Previa es "sumadamente inconcreto", y, además, "elige una vía de elaboración que tiene unos plazos excesivamente prolongados, que ni siquiera garantizan que la Ley llegue al Parlamento en esta legislatura, y mucho menos que se apruebe durante la misma".
No obstante, ante el anuncio realizado este lunes por la ministra de Sanidad, Mónica García, desde la FADSP recuerdan que reiteradamente han afirmado que "la privatización del sistema sanitario de nuestro país es un grave problema para el mismo, básicamente porque aumenta de manera exponencial los costes de la atención sanitaria, deteriora de manera complementaria los centros públicos que ven como los fondos correspondientes son derivados hacia el sector privado, lo que hemos denominado el círculo vicioso de la privatización, y suponen un empeoramiento de la atención sanitaria y de la salud de la población".
Por eso, entienden que cualquier paso que se de en el horizonte de "blindar" el sistema sanitario público potenciando la gestión pública y favoreciendo la detención de las privatizaciones y la recuperación de lo privatizado "es un paso positivo que hay que apoyar".
Y, considerán que la Ley debería contemplar la derogación expresa de la Ley 15/97 y las leyes autonómicas que se basan en ella; garantizar la gestión pública de los centros y servicios sanitarios sufragados con los presupuestos públicos Rechazo a cualquier nuevo contrato, concurso o concesión para la gestión privada de servicios sanitarios de financiación pública; y garantizar la reversión de los centros actualmente en manos privadas a la finalización de los contratos, así como imposibilitar la venta o transferencia de los mismos a empresas distintas de las que recibieron la concesión inicial.
Además, consideran que debe bloquear los conciertos con entidades privadas si no se demuestra de manera fehaciente la imposibilidad de la Sanidad Pública para cubrir las prestaciones objeto de los mismos; potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales de la Sanidad Pública y la utilización intensiva de sus recursos; la integración de la asistencia sanitaria de las Mutualidades de funcionarios en la Sanidad Pública; y, finalmente, potenciar el papel de la Alta Inspección en el control del funcionamiento de los centros de gestión privada y en cualquier actividad relacionada con la mal llamada colaboración público-privada.
